La Ley de Mutuas, en vigor el 1 de enero, "negativa" para gestores y la UGT

  • La Ley de Mutuas, que entrará en vigor el 1 de enero, ha sido calificada de "absolutamente negativa" por la Federación de Servicios de UGT y el Consejo General de Gestores Administrativos debido a su "indefinición" y a la eliminación de la Administración Concertada.

Madrid, 30 dic.- La Ley de Mutuas, que entrará en vigor el 1 de enero, ha sido calificada de "absolutamente negativa" por la Federación de Servicios de UGT y el Consejo General de Gestores Administrativos debido a su "indefinición" y a la eliminación de la Administración Concertada.

Ambas organizaciones han criticado en sendos comunicados que la nueva ley, que modifica su régimen jurídico para pasar a ser entidades colaboradoras con la Seguridad Social, provocará más inseguridad y encarecerá el coste empresarial de los seguros sociales al eliminar la Administración Concertada.

En este sentido, el Consejo General de Gestores Administrativos ha lamentado la supresión de la colaboración que tenía la Seguridad Social con las empresas, para que se encarguen, en colaboración con las mutuas, de realizar el control y seguimiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

"Esto supone eliminar una fuente de ingresos para varios colectivos que se encargan de tramitar y seguir estas bajas laborales", denuncia este organismo, que argumenta que la nueva gestión basada en las tecnologías de la información y la comunicación no tiene "implantación suficientemente amplia en España".

Los gestores administrativos alertan de que esta medida contribuirá a encarecer el coste empresarial de los seguros sociales e incrementará las cargas administrativas de la Seguridad Social y ralentizará los procesos.

Por su parte, Fes-UGT añade que la nueva Ley "no modifica nada esencial" y "acrecentará la sensación de inseguridad jurídica" ya que no refuerza la transparencia.

Según este sindicato, la nueva normativa, publicada en el BOE, no lucha contra el absentismo laboral injustificado, ni mejora la gestión de las distintas prestaciones para que revierta en beneficio de los trabajadores protegidos, al mismo tiempo que tampoco mejora la competitividad de las empresas.

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