La mano de Aznar se percibe tras la reforma fiscal

La reforma fiscal a la que el Gobierno ha fiado gran parte de sus esperanzas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo parece tener su origen intelectual en el 'think tank' de José María Aznar. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside el exjefe del Ejecutivo publicó hace ocho meses un informe en el que urgía a, "transcurridos ya los primeros 18 meses de gobierno", acometer "una reflexión amplia en torno a la reforma fiscal anunciada y ahora también reclamada desde instancias europeas".

Dicho estudio, coordinado por el diputado del PP Gabriel Elorriaga, recogía propuestas que en gran parte han sido también defendidas por el comité de expertos que ayer presentó sus conclusiones al Gobierno y que hoy ha abordado el Consejo de Ministros. Este comité de sabios, designado por Hacienda y capitaneado por el catedrático Manuel Lagares, asegura que con su plan el sistema tributario español será "más simple, más apropiado para cumplir el déficit e impulsará más el crecimiento".

Los expertos apuestan por cambiar aspectos de casi todos los impuestos, en la línea de lo defendido también por FAES el año pasado. Así, por ejemplo, piden que se incrementen las deducciones del IRPF a las familias por valor de unos 9.000 millones de euros. El laboratorio de ideas de Aznar concluyó que el "apoyo a la familia como elemento fundamental de vertebración social" era también prioritario a la hora de abordar la reforma.

De ese mismo impuesto aconseja el comité eliminar un tramo de los siete existentes, rebajando el resto hasta dejar el superior por debajo del 50%. Dicha reducción también la reclamaba el informe de Elorriaga -que iba más allá y abogaba por dejar en solo tres los tramos-, al igual que pedía reducir el tipo máximo hasta el 40%, frente al 52% actual -56% en Cataluña-.

Idéntica es la propuesta de simplificar el impuesto de sociedades, eliminando deducciones y rebajando el tipo nominal para acercarlo al real. FAES quiere que se deje "entre el 20 y el 25%", mientras los expertos piden lo mismo pero en dos fases: el año que viene bajarlo al 25% y el siguiente al 20%. De esta manera, se despejarán las dudas de muchos inversores extranjeros a los que el alto tipo nominal -20 puntos superior al real- echa para atrás en muchas ocasiones. En cuanto al IVA, la coincidencia es prácticamente absoluta. El 'think tank' aseguraba que la efectividad de este impuesto "está muy mermada", entre otras cosas, por la cantidad de productos incluidos en los tipos reducidos y se mostraba partidario de que los gravámenes indirectos fueran "adquiriendo un mayor peso" en el sistema, reduciendo a cambio los directos -IRPF y Sociedades-.

"Es necesario revisar con prudencia el catálogo de bienes y servicios que actualmente tributan a un tipo distinto del general", explicaba el estudio sobre el IVA, impuesto que ha sido elevado por todos los presidentes de la democracia salvo Aznar. Los expertos también consideran que hay que abordar ese cambio -sin afectar a los sectores del turismo y la hostelería, pasar muchos productos que tributan al 10% al grupo genérico del 21%-, y subir el tipo máximo cuando el crecimiento económico sea más fuerte.

Además, ambos órganos coinciden en la necesidad de armonizar impuestos que son competencia de las comunidades autónomas, como el de sucesiones. FAES pedía también eliminar el que grava el patrimonio en algunas regiones, mientras los expertos de Montoro abogan por controlar los más de 70 tributos creados por las autonomías.

Hacienda ya se ha mostrado dispuesta a eliminarlos y crear a cambio otros, que sean iguales en todo el país. Lo mismo ocurre con los impuestos especiales, donde tanto FAES como los expertos ven margen para subirlos y compensar así la rebaja de los directos.

Conclusiones casi calcadas, en definitiva, a las que ha llegado el comité creado por el Gobierno para lanzar la reforma que marcará el final de la legislatura –junto a la revisión del sistema de financiación autonómico- y las defendidas por el equipo de Aznar, tan distanciado ahora de quien fue su sucesor al frente del PP.

Precisamente la política fiscal de Rajoy -que se estrenó con una subida del IRPF y del IBI para atajar el déficit público- ha sido el principal punto de desencuentro entre éste y el expresidente del Gobierno. Aznar nunca ha dejado pasar la oportunidad de reclamar en público una bajada de impuestos que alivie la carga fiscal del ciudadano.

El consenso alcanzado ahora -por separado, eso sí- no hace que la reforma goce de pleno consenso en las filas del PP. El primero en alzar la voz contra las conclusiones de los expertos ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el más alejado de Rajoy. Para González, las propuestas van en la "mala dirección". Por delante tiene el Gobierno tres meses para pulir el proyecto y unir a los suyos en la medida con que pretende recuperar el impulso político antes de las generales de 2015. Tal y como ha prometido el presidente en varias ocasiones, el nuevo sistema fiscal entrará en vigor ya desde el año que viene.

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