Uno de los aspectos más destacados del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Podemos es el fuerte incremento fijado para el salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 900 euros en 14 pagas. El SMI sube un 22,3% desde la cuantía actual (736 euros), esto son 164 euros más al mes, o 2.296 euros más al año. Suena bien, pero, ¿cual es el impacto real de este subidón? ¿A quién beneficia? ¿Se dejará sentir en los bolsillos de los ciudadanos?
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de impulsar el mayor repunte del SMI de la historia. "Los salarios mínimos son una potente herramienta social que pueden contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico", recoge el documento rubricado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Toda una declaración de intenciones, de limitado impacto en la economía real de los ciudadanos, como se ha demostrado. Recordemos que, para este año, el anterior Ejecutivo del PP acordó con la patronal y los sindicatos una subida del SMI del 4%, sin embargo, los datos del aumento salarial medio pactado en convenio reflejan un alza del 1,67% hasta septiembre, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo. Tampoco el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra avances en los sueldos, con incrementos de los costes salariales de apenas el 0,5%.
Bajo el mando de Fátima Báñez, el Ministerio de Empleo calculaba entonces que el incremento apenas alcanzaría al 3,5% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, es decir, poco más de medio millón de trabajadores. Por su cuenta, la patronal rebajaba sustancialmente los beneficiarios potenciales, hasta poco más de 136.000 asalariados, en función de los convenios colectivos registrados.
Pero, ¿a qué trabajadores afecta? Según consta en la memoria económica de aquel real decreto, sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a los extranjeros. Entre los más afectados, aquellos con menor nivel normativo o poco cualificados, los que cuentan con menos de un año de antigüedad en la empresa, así como los trabajadores temporales y aquellos con contratos a tiempo parcial.
Por sectores, y siempre de acuerdo con los mismos cálculos, el mayor número de perceptores se concentra en el comercio y la hostelería, y por categoría profesional, afecta en especial a conductores y operarios de máquinas. Sobre el perfil de empresa a la que pertenecen, la mayoría de estos empleados desempeña su labor en pymes de menos de 50 trabajadores no exportadoras. Y si además “no están cubiertos por un convenio colectivo, triplican su exposición al SMI”, asegura el documento.
Hay que recordar que el salario mínimo interprofesional fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador, referida a una jornada completa de trabajo, para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros. Aunque lo establece el Gobierno por ley, resulta prácticamente imposible identificar en las estadísticas a los perceptores del SMI pero, de manera general, si un trabajador percibe exactamente los 736 euros actuales y trabaja a jornada completa, su empresa deberá subirle el sueldo hasta 900 euros.
Impacto en la creación de empleo
El Gobierno ha determinado la evolución del SMI con Podemos sin consultar con la patronal y los sindicatos, lo que no ha gustado en la CEOE, que ha denunciado que la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales "cuestiona el diálogo social" y tendrá "efectos negativos" en la negociación colectiva. La patronal advierte además de que esta medida también tendrá "consecuencias negativas" en la contratación pública pactada con las empresas y en los convenios colectivos en vigor.
Hace apenas una semana, en su revisión anual de la economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que los incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha alertado de que la subida del SMI "ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados".
Críticas a las que Montero ha respondido que "no tendrá afectación en la creación de empleo, pero sí en dignificación de las condiciones laborales". Sí ha reconocido que a lo que podría afectar, aunque de manera marginal, es a la compra de servicios por parte de las Administraciones Públicas, ya que las empresas subcontratadas podrían elevar el coste de licitación ante la mejora del salario mínimo.
"Reporta un mayor volumen de ingresos que de gastos por el aumento de las cotizaciones sociales y eso redunda de manera definitiva en el saneamiento de la Seguridad Social", ha destacado la titular de Hacienda, que ha animado a sindicatos y empresarios en su objetivo de conseguir que, para 2020, haya salarios mínimos de convenio de 1.000 euros al mes.
Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha avisado de que los autónomos que cotizan por la base mínima, que suponen el 85% del total, tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el SMI sube a 900 euros en 2019. Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha destacado que al subir el SMI a 900 euros, la base mínima por la que cotizan 1,7 millones de autónomos aumentará a 12.600 euros al año en 14 pagas. Esto, según Amor, supone que los autónomos que cotizan por la mínima, en lugar de pagar por 932,79 euros al mes, pasarán a cotizar 1.050 euros al mes y la cuota de cotización será de 312,9 euros al mes frente a los 277,9 euros mensuales actuales.
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