Los bancos afrontan otro ejercicio de incertidumbre por las moratorias ICO

Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a la presentación de los resultados de la banca correspondientes al ejercicio 2022. El hecho de que la entidad que dirige María Dolores Dancausa sea la más madrugadora puede servir de termómetro para medir ciertas cuestiones que afectan al sistema financiero. Una de ellas está relacionada con los préstamos ICO. Según ha reconocido la propia Dancausa, el 40% de autónomos y pymes que solicitaron estas líneas de crédito avaladas por el Estado han pedido una moratoria. Es decir, 4 de cada diez solicitantes han pedido alargar los plazos. El banco que ha dispuesto 5.900 millones de euros para un límite de crédito de 8.000 millones de euros ha cifrado que de estos, el 3,5% pueden ser clasificado como dudosos.

¿Qué significa eso? La potencial morosidad de estos préstamos no ha aflorado todavía. De ahí, que el propio presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, señale que los impagos se sitúen en línea con los datos avanzados por el Banco de España. En octubre, la morosidad del crédito se situó en el 3,77%. Para 2023, las estimaciones es que la tasa de morosidad escale hasta el 4,5%. Durante la rueda de prensa de Dancausa, la banquera ha destacado el papel del equipo de gestión de riesgos para tener estos créditos morosos controlados.

Teniendo en cuenta que los grandes bancos cuentan con departamentos de riesgo que utilizan criterios similares, es de esperar que en los próximos resultados el resto de bancos arrojen cifras similares tanto en porcentaje de moratoria como en créditos dudosos y que están en línea con las estimaciones que maneja el organismo regulador. Aún así, supone que la banca y el Estado afronten un ejercicio de gran incertidumbre sobre cómo se comportarán estos créditos. No hay que olvidar que todos los bancos participaron en las líneas de crédito, que contaban con el gancho de contar con aval público.

Precisamente, el Banco de España calculó en otoño del año pasado que un 56% de todos los autónomos, pymes y empresas que pidieron en algún momento de la pandemia un préstamo de estas características se había acogido a una extensión, ya sea del plazo de carencia -más tiempo en el que sólo se pagan intereses- o el de amortización- se aumenta el tiempo para pagar el crédito en su conjunto-.  Estos avales, que hasta el 80% estaban respaldados por el Estado, movilizaron 140.000 millones de euros repartidos en 1,2 millones de operaciones. Teniendo en cuenta estas cifras, los cálculos del supervisor estiman que de este total, 650.000 negocios habrían pedido algún tipo de ampliación en el plazo de devolución de sus créditos, la mayoría de ellos trabajadores por cuenta propia. 

Las provisiones permanecen contenidas

La inflación y la incertidumbre económica no son las mejores circunstancias en las que puedan navegar autónomos y pymes. Pero a pesar de ello, la banca no acometerá grandes provisiones. De vuelta a los resultados de Bankinter, el banco ha reducido esta partida un 18% hasta los 381 millones de euros, frente a los 465 millones de euros de 2021. Sin bien es cierto, que en el cuarto trimestre, las provisiones crecieron un 10% hasta los 112 millones de euros, elevando el coste del riesgo en los 44 puntos básicos, aún así mejora la guía, que se marcaba como objetivo los 45 puntos básicos.  

Según las estimaciones del consenso de analistas recopilado por 'Bloomberg' todos los bancos mostrarán esta tendencia durante la presentación de resultados. Y es que, como ha recordado María Dolores Dancausa, todavía tienen las provisiones realizadas durante la Covid, que siguen sin liberarse y, que, de momento, parece que no entran en sus planes hacerlo. De hecho, ni siquiera el banco contempló esta posibilidad en el primer trimestre de 2022, cuando la incertidumbre por la guerra en Ucrania era mucho mayor. 

Prórroga de las líneas de crédito

El Ministerio de Economía puso en marcha en marzo de 202o una líneas de liquidez, a través del ICO y que estaban avaladas por el Gobierno, para facilitar la liquidez de los autónomos y pymes, pero también para grandes empresas durante la emergencia sanitaria.  Estas líneas de crédito tenían un plazo de 10 años. 

En noviembre del año pasado fueron prorrogados por parte del Ejecutivo hasta diciembre de 2023 con el objetivo de paliar los efectos de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En ese sentido, esta línea de créditos ha sido fundamental para autónomos y pymes para mantener el tejido empresarial español, algo ya ha defendido el propio ICO.