La nueva plataforma justicia para todos acusa a gallardón de vulnerar la constitución con su reforma

La nueva plataforma Justicia para Todos, constituida por el Consejo General de la Abogacía, los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF y por el Consejo de Consumidores y Usuarios, acusó hoy al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón de vulnerar la Constitución con sus reformas, especialmente con el incremento de las tasas judiciales.
En la víspera del 34 aniversario de la Constitución española, las organizaciones mencionadas presentaron en Madrid la puesta en marcha de esta iniciativa, que busca defender "los derechos fundamentales de las personas" en materia judicial frente a los recortes que está aplicando el Gobierno de España.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, explicó que en estos momentos de crisis económica se está produciendo una "clara vulneración de la propia Constitución".
A su juicio, las reformas que está emprendiendo el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, buscan que los ciudadanos tengan que "recomprar otra vez sus derechos" e hizo un llamamiento a "unir fuerzas e ideas" para frenar el propósito del Ejecutivo.
El secretario de Estudios de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, manifestó el "rechazo mayoritario" de su sindicato y de la sociedad española en su conjunto hacia estas reformas, con las que cree que se "deja fuera" del acceso a la Justicia a muchos ciudadanos.
Benito criticó que el nuevo coste de las tasas judiciales "coarta, limita e intenta excluir la capacidad de recurso" de los ciudadanos, a la vez que limita "la capacidad de actuación de los propios sindicatos" a la hora de defender a los trabajadores.
El secretario de Política Institucional de UGT, Frederic Monell, se sumó a la crítica de que el proyecto del Ministerio "lesiona derechos y dificulta el acceso a la Justicia", lo que vinculó estrechamente con la reforma laboral aprobada en el mes de febrero.
Monell censuró que el Ejecutivo lo haga además "de manera autoritaria" y con el propósito de "proteger a aquellos que tienen más recursos", ya que cree que los bancos y las grandes empresas ahora van a tener "más poder frente a aquellos que necesitan el apoyo de la Justicia para defender sus intereses".
El presidente del sector de Justicia de CSIF, Juan José Corral, expreso el "más profundo rechazo" de su organización y gritó "basta ya" contra el "secretismo" con el que el Ministerio de Justicia está tramitando sus reformas, sin consultar a los afectados.
Corral señaló que el Ejecutivo "está despreciando a los usuarios y a los ciudadanos", a los que además está obligando a "pagar un servicio público que actualmente es gratuito".
El secretario de Relaciones Institucionales de USO, José Luis Fernández, achacó un objetivo recaudatorio al nuevo sistema de tasas y replicó al Gobierno de España que "ya está bien de cuadrar las cuentas públicas sólamente con el bolsillo del contribuyente".
Fernández lamentó que la reforma de Gallardón no busca mejorar el servicio judical, sino romper el principio de igualdad de acceso a los tribunales porque las administraciones pueden litigar sin coste y los ciudadanos tienen que pagar por recurrir.
Finalmente, el presidente de la Comisión Técnica de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios, José Ramón Lozano, expresó su rechazo a las nuevas tasas impuestas por el Ministerio de Justicia al entender que vulnera varios preceptos legales.
Lozano afirmó que el nuevo sistema es "gravemente perjudicial" para los consumidores porque "en la práctica beneficia en exclusiva a las empresas, que van a encontrar en las tasas judiciales un arma de negociación y de coacción con los consumidores" que no puedan hacer frente a los pagos judiciales.