"Sé que este tema es muy controvertido en España, pero diré un par de cosas sobre las pensiones de viudedad". Así introdujo el jefe de la Unidad de sistemas de pensiones de capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, el peliagudo asunto de la reforma de las pensiones de viudedad, una prestación constantemente en debate y en la que España es una excepción global para bien o para mal: es el país de largo con un mayor nivel de cobertura de esa contingencia y también el único en el que el gasto asociado a la misma ha subido en los últimos años pese al mayor nivel de empleo femenino.
La propuesta de la OCDE en este ámbito es clara: la pensión de viudedad debe dejar de ser considerada como un derecho adquirido y debe convertirse en una ayuda asistencial para aquellas personas en una situación económica más comprometida, en otras palabras, habría que recortarla tanto en numero de beneficiarias como en gasto público.
La maniobra también tendría consecuencias sobre las cuentas de la Seguridad Social ya que el gasto asociado a la prestación pasaría a financiarse con impuestos, algo que de momento el Gobierno no se ha planteado pese a haber sido objeto de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ha decretado una subida de las pensiones de viudedad para este año a través de una subida del 52% al 60% de la base reguladora.
El papel de los incentivos
Hablando de impuestos: los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados están en el punto de mira en España -Unidos Podemos, el socio prioritario del Gobierno socialista los quiere eliminar-, pero un vistazo a lo que ocurre en otros países desacredita está situación. La OCDE ha estudiado los incentivos fiscales al ahorro para la jubilación que hay en los países avanzados y se ha encontrado con que España está en el furgón de cola en este ámbito al garantizar únicamente un ahorro del 15% sobre las contribuciones totales que realizan los ciudadanos.
El grueso de los países avanzados tienen sistemas más generosos, que estimulan el ahorro privado para la jubilación con ayudas fiscales de entre el 20% y el 40% sobre las aportaciones totales realizadas. Hay que decir también que en todos esos países la pensión pública que se garantiza a sus ciudadanos cubre una menor parte del último sueldo que en España.
La OCDE defiende, por tanto, un 'sistema ideal' en el que el sistema de reparto -como el vigente en España- se complemente con un sistema de aportaciones individuales o de capitalización obligatorio -en España es voluntario- y muy incentivado desde el punto de vista fiscal.
El organismo defiende que no se trata de una apuesta ideológica sino la conclusión obtenida de la observación del comportamiento de los sistemas de pensiones de los países avanzados, y de la síntesis de las mejores prácticas, entendidas como los sistemas que garantizan mejores coberturas con un equilibrio financiero.
El jefe de la Unidad de sistemas de pensiones de capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, lanzó en este sentido, durante su participación en una jornada sobre pensiones organizada por Inverco, un mensaje relevante para la situación española, en un momento en que la supervivencia del Factor de Sostenibilidad aprobado por el Gobierno del PP está en alero: "Es muy importante que los sistemas de pensiones tengan mecanismos de ajuste automático que tengan en cuenta la situación económica. La experiencia dice que sin esos mecanismos los sistemas no estarán preparados para cumplir las promesas que realizan".
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