Entre previsiones y consejos de reformas de calado económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también analiza los distintos factores que inciden sobre la marcha de la economía española y, una vez más, parece tenerlo bastante claro. Por ello, ha mantenido a la incertidumbre política de Cataluña como uno de los riesgos que podrían tener un "fuerte impacto" en la economía española, según se desprende de la edición 2018 de su informe 'Estudio Económico de España'.
"La economía española está expuesta a importantes amenazas internas y externas, como una eventual prolongación de la incertidumbre en Cataluña", ha asegurado la entidad internacional encabezada por el mexicano Ángel Gurría, informa Europa Press. El posible impacto de Cataluña en el conjunto de España que baraja la OCDE se observaría en un empeoramiento de la confianza y de los datos de turismo. Asimismo, también podría "desviar la atención del proceso de reformas, reduciendo las perspectivas de crecimiento a medio plazo".
Por otro lado, España también está expuesta a una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea, lo que provocaría una "caída del comercio y de la inversión exterior", con el consiguiente "perjuicio" para la productividad y el crecimiento. Mientras tanto, el aumento del proteccionismo comercial a escala mundial también afectaría a las exportaciones y provocaría un "freno a la creación de empresas", lo que también acabaría afectando a la situación económica.
"El crecimiento podría resultar perjudicado si el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés más rápido de lo esperado, dado el elevado porcentaje de hipotecas que se pactan a tipo de interés variable", ha alertado la OCDE, tras asegurar que una "eventual" subida de los precios del petróleo podría ejercer "presiones" sobre la inflación.
Por su parte, y en cuanto a las previsiones que ya avanzó en la mañana del miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a recomendar al Gobierno que elimine los tipos reducidos del IVA, que apruebe nuevos impuestos medioambientales y que vincule la edad de jubilación a la esperanza de vida como recetas para mejorar la sostenibilidad del Estado de Bienestar. "El periodo de referencia aplicable a las rentas computables a efectos de pensión ha de ampliarse más hasta abarcar toda la vida laboral del contribuyente", ha recetado el organismo internacional, según se desprende de la edición 2018 de su informe 'Estudio Económico de España'.
Además, a pesar de que las reformas acometidas en los últimos años elevaron la edad de jubilación hasta los 67 años, la OCDE ha asegurado que el Gobierno debería vincular la edad de jubilación a la "variación de la esperanza de vida restante después de los 65 años". Por otro lado, en relación a las pensiones, el organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría ha afirmado que el Ejecutivo debería estudiar "medidas adicionales y alternativas" que "fomenten" el ahorro privado como respuesta a los cambios anunciados para recortar las comisiones de los planes privados de pensiones.
En este sentido, la OCDE recomienda reducir o eliminar el mínimo de años cotizados, actualmente 15, para acceder a una pensión contributiva en España e insiste en la necesidad de acometer cambios en el sistema de pensiones del país con vistas a salvaguardar su viabilidad financiera en el futuro ante las proyecciones demográficas para España. La institución considera que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 cuentan con el potencial de contribuir a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, pero advierte de que los cambios adoptados en el presupuesto de 2018 "pueden deshacer parte de estas reformas", incrementando un tanto el coste de las pensiones, aunque elevando también el nivel de vida de los pensionistas. "Hay algunas tensiones entre sostenibilidad fiscal y la viabilidad política", advierte.
En el ámbito impositivo, la OCDE ha apostado por rescatar una recomendación antigua, compartida por el Fondo Monetario Internacional (FMI): aprobar nuevos impuestos de carácter medioambiental y aumentar la recaudación a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). "La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo, mientras que los impuestos relacionados con el medio ambiente y el IVA están, en cierta medida, infrautilizados", ha apostillado la entidad.
Debido a esto, al mismo tiempo que recomienda considerar un reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos, también ha insistido en que el Ejecutivo tiene que "reconsiderar" la "justificación" de los tipos reducidos del IVA. Los cálculos realizados por los economistas de la OCDE aseguran que elevar el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de la recaudación tributaria hasta la media de la OCDE aportaría a las arcas públicas unos ingresos anules equivalentes al 0,4% del PIB. Asimismo, la supresión de algunos tipos reducidos del IVA también elevaría la recaudación otro 0,4%.
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