La OMC solo se pronunciaría en el caso de YPF si la UE presenta una demanda

Ginebra, 16 abr.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación por el Gobierno argentino de la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol, si la Unión Europea plantease una demanda.

Así lo indicaron hoy en declaraciones a Efe fuentes la OMC al ser preguntadas sobre los planes anunciados hoy por la presidenta argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF.

Las fuentes consultadas por Efe explicaron que la OMC no es competente en esta materia y que solo se pronunciaría en el caso de una demanda comercial ante el Órgano de Solución de Disputas (OSD), que tendría que plantear la Unión Europea (UE) y cuyo proceso se prolongaría más de un año.

Recordaron que la OMC es una organización a la que acuden los Estados miembros para tratar de arreglar sus diferencias comerciales y que este caso no se trata de eso, sino de un problema de protección de inversiones.

Las diferencias, recordaron, se plantean cuando uno de los Estados miembros considera que otro infringe un acuerdo o un compromiso contraído en el marco de la OMC, algo que en el caso de Argentina no incluye la protección de inversiones.

Sobre la posibilidad de que España pudiera adoptar represalias, las fuentes señalaron que en ningún paso podrían tener una naturaleza comercial, como la subida de aranceles o la imposición de obstáculos a la importación de productos, porque estaría vulnerando los compromisos de la UE, que actúa con una sola voz en la OMC.

Argentina fue protagonista en la OMC hace dos semanas, cuando fue acusada por algunos de sus socios comerciales de estar aplicando y ampliando una serie de medidas proteccionistas que dificultan gravemente las importaciones y que cada vez afectan a más productos.

Preocupados por esa situación, que observan desde 2008, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Taiwán, Tailandia y Turquía emitieron una declaración conjunta para detallar la naturaleza y efectos de las medidas restrictivas del comercio de las que acusan a Argentina.

Entre las medidas más perjudiciales, citaron el uso extensivo de las licencias de importación no automáticas, así como la necesidad de pre-registrar y conseguir aprobación previa para todas las importaciones que llegan a las aduanas argentinas.

Desde hace unos cuatro años, el país sudamericano ha ido ampliando la lista de productos sujetos a ese tipo de licencias, que actualmente incluye bienes como computadoras portátiles, electrodomésticos, químicos, automóviles, maquinarias, textiles y papelería, indicaron estos países en una declaración conjunta.

Según las normas de la OMC que regulan la emisión de licencias no obligatorias, éstas deben procesarse en un periodo de 60 días, pero los países firmantes aseguraron que ese plazo se supera con creces y que muchas compañías han informado de demoras de seis meses o más.

Asimismo, denunciaron que desde febrero pasado el Gobierno argentino aplica un sistema de registro previo, revisión y aprobación de cada transacción relacionada con una importación.

Argentina rechazó la acusación, considerando que no se apoya en datos objetivos y que tiene un trasfondo político.