La once pide en el congreso que se retire la fiscalidad al juego


El presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carballeda, pidió este martes en el Congreso de los Diputados “la retirada” de la fiscalidad al juego, una medida en vigor desde este año que está afectando a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
“Pedimos la retirada (de esta fiscalidad) para mejorar nuestros resultados, los de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y los Presupuestos Generales”, que también se pueden ver afectados por esta medida, afirmó Carballeda en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja.
En su comparecencia, el máximo representante de la ONCE y su fundación explicó que la Organización Nacional de Ciegos está perdiendo clientes, porque o bien dejan de jugar, o bien emigran hacia otros productos “menos sociales”.
Carballeda afirmó que la ONCE precisa, además de “la retirada” de la fiscalidad del juego, de otras dos “líneas de apoyo público” como son una “acción enérgica” para la erradicación de los juegos ilegales y la garantía y el compromiso de las autoridades de que la organización pueda seguir sacando el sorteo extraordinario del 1 de enero que comenzará este año, por lo menos, hasta 2021.
La ONCE necesita una “acción pública enérgica, coordinada y sostenida de erradicación de los juegos ilegales y, especialmente, de la OID, además de una reordenación más racional de la explotación de los juegos 'online', que no sea tan agresiva en el mercado, tan lesiva para los operadores públicos, tan desequilibradora en la competitividad de los operadores y tan adictiva, respecto de los jugadores”, declaró el presidente de la entidad.
Igualmente, prosiguió, la organización Nacional de Ciegos precisa de la autorización del sorteo del 1 de enero para el resto del periodo del Acuerdo General entre el Gobierno de España y la ONCE, que concluye en 2021 “y aquellas medidas comerciales que en cada momento sean imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del modelo social y solidario de la ONCE y su fundación”.
Si no se dan estas tres “líneas de apoyo público”, la organización lo tendrá muy difícil para seguir manteniendo las prestaciones sociales que ofrece hasta ahora a sus afiliados y a las personas con discapacidad en general, a través de la Fundación ONCE.
Y es que, detalló Carballeda, solo en 2013, las ventas de los productos de juego de la organización están cayendo un 5,6%, lo que supone que si los resultados del sorteo extraordinario del próximo 1 de enero van como cabría esperar, el ejercicio se cerrará con una caída de ingresos del tres por ciento.
Pero los resultados negativos no se están dando únicamente en el ejercicio actual, ya que en el último decenio, la ONCE ha experimentado “una fuerte caída de venta e ingresos”, que se acentúa mucho en los últimos cuatro años.
“Hemos pasado de 2.457 millones de euros de venta en 2001 a 1.913 en 2012 y nuestra cuota de mercado ha bajado en ese periodo de un 9,6% a un 7%, por lo que representamos una parte muy pequeña del mercado del juego en España”, explicó el presidente de la ONCE.
EMPLEO
Pese a todas estas dificultades, causadas, en buena medida, por la proliferación de juegos ilegales y por el gravamen del 20% a los premios superiores a los 2.500 euros, la Organización Nacional de Ciegos Españoles y su fundación han creado empleo durante la crisis.
Solo en 2013, aseguró Miguel Carballeda, la entidad habrá creado más de 7.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad en España, donde en los últimos 10 años se han materializado 55.135 empleos y plazas ocupacionales a través de terceras empresas y entidades, con apoyo de la ONCE y su Fundación, de los que el 98,9% han sido para personas con discapacidad.
OTROS COMPARECIENTES
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad contó también con la comparecencia de Víctor Bayarri, director de Alter Civites y miembro del Consell Asesor de Recerca del Observatori del Tercer Sector.
Bayarri explicó las experiencias en el análisis del retorno social de la inversión pública en un Centro Especial de Empleo (CEE) de iniciativa social, mediante la aplicación de la metodología Sroi (Retorno Social de las Inversiones).
Esta metodología, afirmó, debería utilizarse más en la evaluación de las políticas sociales públicas, pero de forma paulatina, y más en los tiempos que corren, marcados por la crissis económica. Y es que, resaltó Bayarri, “Invertir en personas es inteligente, inclusivo y genera sostenibilidad”.

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