Pierre es de Mali y tiene 28 años. Al menos, eso es lo que afirma este joven africano, quien se bajó hace unos días del tren de Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos) en el apeadero de Hendaya junto a un compañero del que se resiste a dar su nombre, aunque no su país de procedencia, Sierra Leona. Tras varios meses de dura y penosa travesía por África y de haber llegado a las costas españolas en patera, pensaba que había dado un paso más hacia su destino definitivo, París, donde vive su hermano. Por lo menos, ya estaba en Francia, se dijo a sí mismo en el andén. Sin embargo, en la misma puerta de la pequeña estación, los dos migrantes fueron interceptados por unos gendarmes que, tras preguntarles su nombre y su país de procedencia y plasmarlo en un papel, los devolvieron a Irún, dos estaciones atrás. En 20 minutos la policía francesa había resuelto ‘el problema’.
En un rudimentario español y en francés, Pierre asegura que le dieron un billete, valorado en 1,75 euros, y de vuelta a España. “¡Mucho police en France!”, añade mientras asegura que lo volverá a intentar una y otra vez. Posiblemente, haya conseguido ya su objetivo y se encuentre en territorio francés rumbo a París. O quizá no. Lo que es seguro es que miles de subsaharianos han pasado por la misma escena nada más pisar suelo francés.
Durante este verano, decenas de migrantes subsaharianos se han apostado a menudo junto la ‘invisible’ frontera que separa España de Francia, para esperar el mejor momento de seguir su trayecto hasta el norte de Europa. Muchos lo consiguen después de varios intentos; otros, tras unos días en Irún, buscan otro paso a lo largo de los muchos kilómetros de la frontera hispanofrancesa hasta La junquera. Eso sí, cada vez les cuesta más lograrlo.
La presencia de la gendarmería y la policía de fronteras es evidente en el extremo francés del puente de Santiago que comunica Irún (Gipuzkoa) y Hendaya (Francia). Se ven desde lejos. En la pequeña plaza que existe entre el apeadero de Euskotren, (el popular ‘topo’ que comunica San Sebastián y toda su comarca con el país vecino) y la estación de SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses) hay no menos de tres patrullas policiales. Los gendarmes vigilan también la autopista y no dudan en subirse a las líneas regulares de autobuses que se adentran en territorio francés desde el País Vasco. Incluso lo hacen kilómetros adentro del país vecino cuando los vehículos se encaminan hacia Bayona o Burdeos.
Su objetivo tanto en trenes como en las carreteras es localizar migrantes subsaharianos que llegan al norte de la península desde el sur de España. A nuestro país ya llegaron en patera o saltando la valla de Ceuta después de una dura y penosa travesía de meses desde el centro de África. El control francés se ha hecho más evidente este verano tras la llegada al puerto de Valencia del buque Aquarius con 630 migrantes y el incesante goteo de pateras en las costas andaluzas del estrecho.
Emanuel Macron se reunía el pasado 26 de julio en Madrid con Pedro Sánchez y firmaba la denominada Declaración de Madrid sobre inmigración en la que ambos países decían compartir su búsqueda de “un modelo migratorio basado en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos". Mientras tanto, y a partir de esas mismas fechas, Francia levantaba una auténtica ‘valla’ infranqueable de inspecciones e intensificaba de manera exponencial los controles fronterizos en pleno espacio Schengen, donde teóricamente hay libertad de tránsito.
"Realizan controles exhaustivos única y exclusivamente por cuestión de raza", algo totalmente ilegal, denuncian desde SOS Racismo. Las autoridades francesas interceptan a los migrantes nada más poner pie en su territorio e inmediatamente los devuelven a España. En ocasiones avisan a la policía española y activan el protocolo de readmisión establecido para devolver a España a los migrantes según el convenio bilateral, pero en muchas ocasiones no dudan en practicar centenares de esta variedad de ‘devoluciones en caliente’ y enviar a estas personas otra vez a territorio español “sin ningún tipo de garantías”, tal y como vienen denunciando desde SOS Racismo, sindicatos, organizaciones francesas pro derechos humanos como La Cimade o incluso desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Mariano Rodado, secretario general del sindicato policial en el País Vasco, explicaba la situación: "El flujo de extranjeros ha aumentado este verano, han llegado 25.000 migrantes al sur de España, y una buena parte de ellos no se queda en España sino que van hacia el norte de Europa, es una migración itinerante. Francia ha intensificado el control de su frontera en los últimos meses en Irún y puede haber noches de medio centenar de migrantes rechazados en frontera. Una parte de estas devoluciones nos las comunican a nosotros, según lo establecido en los acuerdos bilaterales del 2003, pero otra parte los devuelven directamente sin ningún tipo de garantías y sin comunicarlo oficialmente. Los interceptan, les preguntan el nombre, de dónde son, lo ponen en un papel y para atrás", denuncia este policía.
"Hemos visto furgonetas sin indicativos dejar a escasos metros de la frontera a decenas de migrantes en el parking de FICOBA", el recinto ferial de Irún; "la policía francesa no se corta nada", dice Anaitze Aguirre, de SOS Racismo, "y les da igual que se traten de mujeres o niños, los retienen en Francia, inmediatamente los devuelven y ya está".
Desde el Ministerio del Interior, fuentes oficiales del departamento que dirige Grande Marlaska explican que "se tiene conocimiento de esto" y "desde la Comisaría general de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se está trabajando ya con sus homólogos franceses y se está trabajando para abordar y coordinar las actuaciones en esta materia y habrá una reunión en próximas fechas".
Y es que según las estadísticas del Gobierno Vasco desde finales de junio han sido más de 3.200 las personas migrantes, en tránsito en su paso por Euskadi hacia el norte de Europa, las que han pasado por los recursos habilitados por las instituciones vascas de atención y se han repartido más de 2.700 vales de comida y 400 de ropa. SOS Racismo calcula que el 30% de los subsaharianos que llega a España por el sur trata de cruzar a Francia por Irún. Estaríamos hablando, pues, de unos 6.000 migrantes solo este año. Unos migrantes que Francia puede devolver a España, "cuando son interceptados dentro de las primeras cuatro horas desde que cruzan, pero la policía francesa está obligada a llevarlos hasta la frontera y a entregarlos a la Policía Nacional. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces no se cumple este requisito y la Policía francesa directamente los abandona en la frontera sin más", asegura Mikel Mazkiaran, presidente de SOS Racismo.
El resultado de esta política del gobierno francés se puede ver pues en Irún. Durante todo el verano han sido habituales en sus calles los grupos de subsaharianos, procedentes de Malí, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Senegal, República Centroafricana… rechazados por la policía del país vecino y que esperan en la ciudad fronteriza para volver a intentar, una y otra vez, seguir su camino. Incluso ha habido personas durmiendo en las calles o en parkings y cobertizos, tapados con las clásicas mantas rojas que les proporciona la Cruz Roja cuando llegan a las costas del sur de España.
La ciudad fronteriza está desbordada e incluso se ha creado una red ciudadana de apoyo a estas personas para las que España es sólo una estación de paso. Irún, 60.000 habitantes, y gobernada por el socialista José Manuel Santano, ha pedido ayuda porque la localidad no da para más y ya han aparecido algunas pintadas, que las organizaciones humanitarias han calificado de “xenófobas y racistas” contra la presencia de migrantes subsaharianos.
Así, hace unos días, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, en coordinación con la Cruz Roja de Euskadi, habilitaron un nuevo recurso para la acogida temporal de emergencia de personas migrantes. Con este nuevo centro Euskadi aumenta a 235 plazas de acogida temporal de emergencia, que se reparten en las 88 plazas en Bilbao, 35 en Vitoria, 30 en San Sebastián y 82 en Irún. En estos recursos se les ofrece, temporalmente y por un máximo de cinco días, asesoramiento, alojamiento, comida, bebida y conexión comunicativa a través de redes wifi. Pero hay voces que, aparte de estos esfuerzos humanitarios, denuncian la “connivencia” del Gobierno de Urkullu con el proceder de las autoridades galas. Así, tras una denuncia del sindicato LAB se ha conocido que la dirección de Euskotren (empresa pública vasca) ha enviado una circular a sus trabajadores para que colaboren con la Policía gala y otorguen un billete de vuelta a los migrantes cuando son interceptados a su llegada a Hendaya. Un billete de 1,75 euros.
Euskotren afirma que acata órdenes y el Gobierno vasco que se cumple la Ley y los protocolos establecidos con Francia. Mientras, Denise, Pierre, Claude o Mahammadou seguirán intentando cruzar el Bidasoa. No lo tienen fácil: la última valla que superar no estaba en Ceuta sino 1.200 kilómetros más al norte, en el Bidasoa.
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