La patronal italiana da un ultimátum a Berlusconi para que haga reformas

  • Los empresarios y la banca italiana dieron hoy un ultimátum al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, para que atienda sus propuestas y acometa nuevas reformas que fomenten el crecimiento económico, pues el país, según ellos, no puede esperar más tiempo.

Roma, 30 sep.- Los empresarios y la banca italiana dieron hoy un ultimátum al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, para que atienda sus propuestas y acometa nuevas reformas que fomenten el crecimiento económico, pues el país, según ellos, no puede esperar más tiempo.

"No queremos sustituir a la política, pero decimos que hacen falta reformas urgentes, valientes y profundas", comentó la presidenta de la patronal italiana Confindustria, Emma Marcegaglia, durante una rueda de prensa en Roma.

"No hay más tiempo y el país necesita una política económica diferente (...) Si nuestras propuestas no siguen adelante, Confindustria valorará ausentarse de las mesas de negociación", agregó.

Marcegaglia compareció este viernes para presentar un documento con cinco puntos básicos de propuestas para relanzar el crecimiento económico de Italia, la tarea pendiente que tiene por delante el país después de aprobar sendos planes de ajuste presupuestario de 79.000 millones y 54.000 millones de euros este verano ante las dudas de los mercados sobre su solvencia financiera.

Con el texto, firmado además de por Confindustria por la Asociación Bancaria Italiana (ABI), la Alianza de Cooperativas Italianas, la Asociación Nacional de Aseguradoras (ANIA) y la Red de Empresas Italiana, los empresarios pretenden plantear al Gobierno el plan que, según ellos, puede llevar al país al crecimiento que debe acompañar la reducción de su deuda pública, actualmente del 120 % del PIB.

"Italia se encuentra ante una encrucijada. Puede elegir entre el camino de las reformas y del crecimiento en un contexto de estabilidad de las cuentas públicas o, por el contrario, deslizarse inevitablemente hacia un declive económico y social", reza el texto.

Los puntos sobre los que los empresarios creen que hay que acometer reformas para lograr la salida del estancamiento económico (recientemente el Ejecutivo revisó de un 1,1 a un 0,7 % lo que prevé que crezca el PIB de Italia este año) son: gasto público y reforma de las pensiones, reforma fiscal, venta del patrimonio público, liberalizaciones y simplificaciones, e infraestructura y energía.

Los empresarios consideran que no solo se debe aumentar la edad de la jubilación (en el último plan de ajuste se igualaba la de las mujeres a la de los hombres en 65 años), sino que además se debe limitar el retiro anticipado y comenzar lo antes posible su vinculación a la esperanza de vida.

En cuanto a la reforma fiscal, la primera acción a llevar a cabo, según los empresarios, es reducir los costes del trabajo e incentivar el empleo juvenil, así como aumentar las desgravaciones fiscales para el capital invertido en Investigación y Desarrollo.

Las asociaciones empresariales proponen además que se incentive el uso del dinero electrónico contra la evasión fiscal, fijando, por ejemplo, en 500 euros el límite máximo de pagos en efectivo.

Instan además al Gobierno a llevar a cabo ventas de patrimonio inmobiliario público para que el dinero pueda ser utilizado, por ejemplo, en obras públicas, y ejecutar liberalizaciones y simplificaciones en la burocracia.

Piden además medidas para el desarrollo de las infraestructuras, como la participación de la finanza privada en las inversiones públicas, y para la eficiencia energética, como la prórroga de los incentivos fiscales para este tipo de inversiones.

A través de un comunicado, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, expresó "respeto" hacia las propuestas de los empresarios, pero tras una primera lectura explicó el rechazo por parte del Gobierno a algunas de ellas.

El partido de Berlusconi ha constituido una comisión que trabajará durante las próximas dos semanas en el "plan de desarrollo económico" que el Ejecutivo pretende aprobar por decreto ley en Consejo de Ministros a mediados de octubre.

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