El Gobierno va a aprobar en el último Consejo de Ministros del año el real decreto que sube la pensión media 15 euros al mes en 2019 y dispara el gasto en casi 3.500 millones de euros anuales de aquí en adelante. Con este guiño a los pensionistas, el Ejecutivo culminará el viernes todo un paquete de medidas sociales de calado que se ha comprometido a llevar a cabo por todos los medios legales disponibles, ante las dificultades para sacar adelante su proyecto íntegro de Presupuestos.
Tras los que cobran salarios por debajo del mínimo interprofesional y los empleados públicos, es el turno de los autónomos y los pensionistas. Estos dos últimos colectivos, que superan los diez millones de personas, verán este 28 de diciembre el reflejo legislativo de la mejora de condiciones que disfrutarán a partir del 1 de enero. Fuentes del Gobierno confirman a La Información lo que se venía especulando en las últimas semanas: el Ejecutivo quiere cerrar el año con la aprobación de estos reales decretos para dar un golpe de efecto antes de encarar la que se espera que sea la negociación más compleja para Pedro Sánchez: la de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
El Ministerio de Trabajo ya tiene listo el texto que determina la mejora de las pensiones que entrará en vigor el próximo martes. Para evitar las "incertidumbres" que generaría la ausencia de reflejo legal de la revalorización y "los problemas" de aplicar la subida con carácter retroactivo, el incremento se fijará por ley este viernes. Así justifican fuentes de la Seguridad Social la urgencia de dar luz verde a este real decreto en el último Consejo de Ministros de 2018.
El texto incluye la subida de todas las pensiones del 1,6%, en base a las previsiones de inflación. Este incremento se traducirá en el bolsillo de los pensionistas en 15 euros más al mes, de acuerdo con una pensión media de aproximadamente 960 euros con datos a 1 de noviembre de 2018, los últimos disponibles. Así, la pensión media del sistema rozará los 975 euros mensuales el año que viene.
En realidad, esta mejora generalizada fue pactada por el anterior Gobierno del PP con el PNV para comprar su apoyo a las cuentas públicas. Ahora, el proyecto presupuestario que rubricó el presidente Sánchez con el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, incluye esta revalorización para la que estima un impacto presupuestario de 1.761 millones de euros el próximo año.
A esta cantidad hay que sumar la subida de la base reguladora de las prestaciones de viudedad del 56% al 60%, por 704 millones de euros, más el consecuente incremento de las pensiones de las clases pasivas por otros 285 millones, y los 384 millones que va a costar el alza de las pensiones mínimas y no contributivas.
Pero la factura no termina ahí. El Ejecutivo ha confirmado que compensará a los pensionistas por la desviación de la inflación respecto al 1,6% que subieron las pensiones este año. Para ello utilizará como referencia la media interanual entre noviembre de 2018 y diciembre del año pasado, que arroja un avance del IPC del 1,7%. Esta décima supondrá un desembolso adicional de 128,6 millones de euros en una 'paguilla' extraordinaria que se abonará, a más tardar, en el mes de febrero. Pero esta cantidad se consolida en nómina, por lo que el gasto total en 2019 por esta compensación ascenderá a 257 millones de euros.
En total, cerca de 3.500 millones de euros que no suponen una cantidad menor, ni tampoco temporal, ya que se trata de un incremento del gasto estructural que se consolida en un sistema que presenta un déficit de 19.000 millones. El impacto futuro de este efecto 'bola de nieve' es difícil de cuantificar, pero un trabajo reciente del responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, cifraba en 40.000 millones de euros el coste acumulado para la próxima década solamente de subir las pensiones el 1,6% en 2018 y en 2019.
Por lo pronto, y partiendo de los datos remitidos por el Gobierno a Bruselas dentro del plan presupuestario presentado el pasado 15 de octubre, el Banco de España estima en 7.800 millones de euros el gasto extra al que deberá hacer frente la Seguridad Social para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones durante estos dos ejercicios.
La factura es muy superior a la que ha previsto el Ejecutivo, de acuerdo con las cifras que ha hecho públicas hasta ahora, y se desagrega en 2.500 millones de euros en 2018 y más del doble, 5.300 millones, el próximo año, lo que obligará a la Seguridad Social a exprimir sus fuentes de ingresos para evitar un mayor desequilibrio en el sistema.
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