La quiebra de la aerolínea uruguaya Pluna lleva a 3 empresarios a la cárcel

  • La investigación sobre la quiebra de la aerolínea uruguaya Pluna ha supuesto la prisión preventiva para su exgerente el argentino Matías Campiani y de otros dos empresarios y dejado en el punto de mira al hasta ahora ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que renunció al cargo.

Jorge Figueroa

Montevideo, 22 dic.- La investigación sobre la quiebra de la aerolínea uruguaya Pluna ha supuesto la prisión preventiva para su exgerente el argentino Matías Campiani y de otros dos empresarios y dejado en el punto de mira al hasta ahora ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que renunció al cargo.

Campiani y los también empresarios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, los tres integrantes del Grupo argentino Leadgate que fue el principal accionista de la quebrada aerolínea entre 2007 y 2012, fueron procesados y encarcelados la víspera acusados de "un delito continuado de estafa especialmente agravado", informaron a Efe fuentes judiciales.

La jueza del Crimen Organizado Adriana de los Santos accedió a la petición del fiscal Juan Gómez y dispuso para los tres "como medida cautelar la privación de libertad" mientras se inicia el proceso penal.

Los tres empresarios declararon durante el viernes y el sábado frente a la jueza que dispuso su procesamiento e ingreso a prisión.

La magistrada del Crimen Organizado interrogó también a Lorenzo y al presidente del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia.

El fiscal Juan Gómez pidió para ambos funcionarios el procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones" pero sus abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad lo que retrasó la decisión judicial.

Tras la presentación del recurso la jueza debe elevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo del Poder Judicial, y "seguramente pasarán varios meses" antes de que se conozca el fallo del mismo, agregaron las fuentes.

Ello se debe a que al habitual lento proceso de estudio que lleva cada recurso se suma el inicio de la feria judicial (vacaciones) desde el 24 de diciembre al 31 de enero.

Sin embargo, tanto Lorenzo como Calloia quedaron en el punto de mira de la Fiscalía por su relación con la quiebra de Pluna.

El ministro de Economía y Finanzas presentó su renuncia al presidente de Uruguay, José Mujica, poco antes de presentarse a declarar frente a la jueza.

Fue el propio Mujica quien en una declaración a la prensa comunicó la situación y afirmó que el Gobierno "no tiene dudas" sobre la "integridad ética y el compromiso positivo con el interés nacional" del saliente ministro Lorenzo y del presidente del BROU.

El jefe de Estado fue mas allá y dijo que Lorenzo "tuvo una actuación brillante y por momentos casi obsesionado con el interés del país".

La gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) también cerró filas entorno a los funcionarios y en un comunicado de su Secretariado expresa el "absoluto convencimiento" sobre la "honorabilidad y calidad humana de los compañeros involucrados en instancias judiciales".

Lorenzo y Calloia "han contribuido con solvencia técnica, dedicación y compromiso en el ejercicio desde las responsabilidades que les fueron confiadas", agrega la nota.

El presidente aseguró que el Gobierno uruguayo respetará "íntegramente" las decisiones que tome la Justicia, "como debe ser en una sociedad de derecho", dijo, y el Secretariado del FA coincidió en señalar su "respeto" por la actuación judicial.

Mujica designó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para ocupar interinamente también la cartera de Economía y Finanzas hasta tanto se decida el nombre del nuevo titular.

El presidente analizará el asunto este lunes con el vicepresidente de la República, Danilo Astori, arquitecto de la política económica desde que la izquierda llegó al poder en 2005, y con su Consejo de Ministros en la habitual reunión semanal.

La renuncia de Lorenzo ha supuesto un golpe para la administración de Mujica, de 78 años y cuyo mandato finaliza el 1 de marzo de 2015.

Las derivaciones judiciales del caso pueden también afectar al FA en la campaña electoral ya iniciada de cara a las elecciones de octubre de 2014.

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