La decisión avanzada este jueves por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, de que el Gobierno rebajará en el cuadro macro que sustentará su proyecto de Presupuestos para 2019 del 2,5% (último dato oficial) al 2,2% la previsión de crecimiento de la economía para este año tendrá efectos sobre la retribución de los funcionarios.
El acuerdo de mejora salarial y de las condiciones laborales de los funcionarios rubricado por los sindicatos de Función Pública con el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo del pasado año preveía para 2019 una actualización fija del 2,25% para las nóminas del personal público y un tramo variable de hasta el 0,25%, condicionado al desempeño de la economía española.
En concreto, la tabla pactada preveía que ese tramo se aplicara en su totalidad si la economía crecía un 2,5% - lo que en aquel momento (marzo de 2018) constituía la previsión oficial para 2019 - y se redujera progresivamente a razón de 0,05 puntos menos de subida por cada décima de menos que creciera la economía española. El variable sería del 0,2% si el crecimiento fuera del 2,4%; del 0,15% con un crecimiento del 2,3%; del 0,1% con un 2,2%; y del 0,05% si fuera del 2,1%. Por debajo del 2% no se devengaría derecho a retribución variable.
El Gobierno garantizó por decreto el pasado mes de diciembre que la subida fija del 2,25% se aplicara ya desde el mes de enero aún sin tener los Presupuestos aprobados. Lo exigieron los sindicatos, que no querían volver a vivir la situación del año pasado en el que pese a tener pactada desde febrero una subida del 1,5%, ésta no empezó a aplicarse hasta el verano - en algunos casos incluso después - por la demora en la aprobación de los Presupuestos y las dificultades operativas que se encontró el nuevo Gobierno para hacerla efectiva.
Sin embargo, no ha atendido a la reivindicación sindical de que el tramo variable se ajuste a la nueva previsión de crecimiento del Gobierno. "En el acuerdo se consignó la referencia del 2,5% porque era la previsión oficial del Gobierno en aquel momento, pero el espíritu del documento no era cumplir ese objetivo de crecimiento sino el objetivo que fijara el Gobierno que en este caso es el 2,2%", explica Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras.
Los sindicatos entienden que la no actualización de la tabla salarial acordada en función del nuevo objetivo de crecimiento gubernamental supone incumplir el espíritu del acuerdo y perjudicar a los trabajadores públicos "por una decisión unilateral del Gobierno", dice Pinillos.
La maniobra no le va a salir mal del todo a las arcas públicas. Si se sigue la estimación de impacto en las cuentas de todas las Administraciones Públicas comunicada a Bruselas, que preveía un gasto de 3.700 millones de euros en caso de que la subida salarial alcanzara el máximo previsto, el ahorro para las arcas públicas rondaría los 200 millones de euros.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ayer se reunión con los sindicatos para trasladarles las cuestiones referentes a Función Pública que se incluirán en los Presupuestos, reconoció en la reunión a los sindicatos que el escenario que se incluirá en los Presupuestos será el pactado en marzo pasado - que recortaría del 2,5% al 2,35% el incremento potencial de los sueldos de la plantilla pública en 2019-, si bien se han mostrado dispuestos a estudiar las propuestas sindicales para que la revisión a la baja del PIB no afecte a las retribuciones de los funcionarios.
Probablemente no les va a quedar más remedio que estudiarlo, porque los sindicatos ya han avanzado que utilizarán el trámite parlamentario para obligar al Congreso a votar la revisión de los parámetros de la retribución variable del año 2019 para evitar que la revisión de los objetivos del Gobierno afecte a la nómina de los funcionarios.
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