Miércoles, 18.09.2019 - 08:31 h
A punto de comenzar el 'baile' de testigos

La rebelión financiera: cómo el 'procés' financió su campaña para el referéndum

Tras los delitos más graves, el juicio que se celebra en el Supremo también busca una respuesta a la posible malversación de fondos públicos. 

Juicio del procés
La rebelión financiera: cómo el 'procés' financió su campaña para el referéndum. / EFE

Los medios de comunicación hemos centrado la batalla jurídica que se está llevando a cabo en el Supremo en saber si los encausados por el procés serán condenados por rebelión o por sedición. ¿Usaron la violencia? ¿Fue un tumulto?

Sin embargo, no nos hemos detenido tanto a analizar otra 'rebelión': la rebelión financiera, es decir, lo que la fiscalía y nuestro derecho califican de "malversación de fondos públicos". En la querella de la Fiscalía, vale la pena pararse en el apartado D, que dice: "La disposición por el Gobierno de la Generalitat de caudales públicos para la organización y celebración del ilegal referéndum".

Es una descripción jugosa de cómo los responsables del Gobierno de Cataluña usaron el dinero público para sus intereses políticos. Muchos meses antes de realizar el referéndum ilegal, los encausados "comenzaron los preparativos destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba".

Eso incluía una marea de gastos: material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el voto, comprar a 'lobbies' en el extranjero, pagar a agencias de publicidad y de relaciones públicas…

La maquinaria del referéndum costaba mucho dinero, y ese dinero tenía que salir de algún sitio. ¿De dónde? Del dinero público, seguramente. ¿Cómo averiguarlo?

Desde 2016, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona venía investigando todo los relacionado con el referéndum ilegal. Fue ese Juzgado el que sospechó que se estaban desviando fondos del estado, y por eso los días 19 y 20 de septiembre de 2017 ordenó a la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil que realizara las detenciones de algunos implicados y registros en diferentes instituciones públicas, domicilios, despachos y locales.

En suma, fueron 41 entradas y registros en diferentes consejerías de la Generalidad, en organismos públicos y también en despachos particulares. El más sonoro fue el registro en la Consejería de Economía de la Rambla Catalunya.

El objetivo era descubrir pruebas de actividades ilícitas relacionadas con fondos públicos para la celebración del referéndum, "tanto en sus aspectos logísticos como económicos, e incautar el material electoral que se iba a emplear a tales fines".

Cuando los dirigentes independentistas se enteraron de los registros, usaron las redes sociales para congregar a miles de personas y rodear la Consejería. Los Guardia Civiles y la letrada del Juzgado, que estaban incautando facturas y documentos, quedaron atrapados en el interior. Así estuvieron hasta que pudieron salir por la puerta de atrás y saltando muros a altas horas de la madrugada.

Pero sigamos: según la querella de la Fiscalía, los preparativos y los gastos se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat. ¿Cómo era posible?

Desde 2012, existe una cosa llamada Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que sirve para ayudar a las comunidades autónomas a obtener dinero del Estado, y así no tenerlo pedir en los mercados de capitales. Desde 2012, el Estado ha prestado a las autonomías un cuarto de billón de euros.

La comunidad que más dinero ha recibido ha sido Cataluña, con casi 80.000 millones. Para recibirlo, el Estado pide que se destine ese dinero a bancos o a pagar las deudas con empresas, pues así el sistema financiero y empresarial mantiene su liquidez. Pero claro, para los independentistas la tentación podía ser muy grande: ¿por qué no cargar los gastos del referéndum a esos 80.000 millones?

En ese momento se desató una caza entre el gato y los ratones: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tenía que vigilar los gastos que se estaban haciendo en Cataluña, porque sospechaba que en sus edificios, y entre miles de facturas, se podían colar las facturas relacionadas con el germen del referéndum.

Desde hacía muchos años, las cuentas de la Generalidad, a pesar de las ayudas, estaban llenas de agujeros. En 2015 no tenían dinero ni para pagar a las farmacias. Para hacerlo, se pusieron a emitir deuda patriótica con tan mala suerte, que nadie se la compraba. Las agencias de calificación llegaron a tachar esa deuda de 'bono basura' (calificativo que mantienen hasta hoy).

Mosqueada por los planes independentistas, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos determinó que los recursos que recibiera la comunidad autónoma mensualmente los destinara a servicios públicos esenciales y determinados (familia, salud, educación...)”. Para certificar que el dinero llegaba a quienes lo merecían, se impuso que las cantidades se abonaran directamente a los acreedores por gastos de servicios públicos fundamentales y prioritarios (seguridad, protección civil...) "contra remisión de las facturas".

Es decir, el Estado no se fiaba de su representante en Cataluña: el Gobierno catalán. Para ponerles las cosas más difíciles, el Estado pasó a exigir "controles semanales". Para asegurarse de que no se estaban desviando fondos, la Hacienda del Estado obligaba a la intervención general en Cataluña, a emitir cada miércoles un certificado donde constara que "no se hubieran iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias, ni expedientes de gastos o pagos que pudieran estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum declarados ilegales".

Pues bien, llegó un punto en que Oriol Junqueras, vicepresidente de Gobierno de Cataluña, se negó a informar al Estado de cualquier liquidación de dinero. Era la rebelión financiera. Para no paralizar los pagos, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió abonar directamente los pagos a los acreedores, previa libranza de factura.

Por esa razón, Montoro, el exministro de Hacienda, dijo que nunca hubo dinero público del Fondo de Liquidez Autonómica que se destinara al pago del referéndum. Ese dinero lo controló Hacienda e iba directamente a los acreedores. Pero los gastos en el referéndum tuvieron que salir de algún sitio. Los encausados se defienden diciendo que provinieron de donaciones o de empresarios. Una investigación de elconfidencial.com reveló que "parte del dinero salió de los fondos que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat tendría que haber destinado a políticas activas de empleo, inclusión social, refugiados o inmigración, entre otros capítulos".

Eso es lo que tratará de esclarecer el juicio. De dónde salieron los millones que financiaron esta maquinaria para organizar el referéndum.El gobierno catalán puso en marcha un plan para desafiar al Estado dentro del Estado: desde diseñar e imprimir papeletas, hasta comprar urnas, pagar publicidad, desarrollar webs, lanzar una gigantesca campaña diplomática, cartas certificadas, folletos, dípticos, carteles, vídeos, así como designar los locales que iban a utilizarse para la votación, desde centros de atención primaria hasta colegios, contratar y financiar a expertos internacionales, invitar a eurodiputados...

Por ejemplo, a Raül Romeva, el consejero de Exteriores, se le asignaron 35 millones de euros, según la versión de la Fiscalía. Multiplicó de 5 a 17 las oficinas de Diplocat en el exterior, todo ello con dinero público, pero con el fin de dinamitar al Estado. Era como crear una organización dentro del Estado para traicionar al Estado. En Estados Unidos, eso podría ser calificado de "traición", y según su Constitución, es uno de los mayores crímenes que se puede cometer contra el país. Romeva, por ejemplo, contrató una compañía americana especialista en 'lobbying' para lograr cierta repercusión en EEUU. Entre otras cosas, colocaron un artículo de Puigdemont en 'The Washington Post' con el título, 'Disculpa, España. Cataluña votará sobre la independencia, te guste o no'. La campaña costó 60.000 euros por tres meses.

En resumen, esta rebelión financiera ha costado mucho dinero a los fondos públicos. Hasta ahora, los encausados han dicho que no han gastado dinero público. Pero organizar un referéndum de esas características y con esos medios, no es gratis. Es muy caro.

El juicio tiene que demostrar de dónde salió ese dinero, dónde acabó y que penas hay que imponer a los que sean designados como culpables.

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