En tiempos de recuperación, hay que maximizar el viento de cola, pero sin perder de vista la estabilidad y el respeto al equilibrio presupuestario. Con esta idea en mente, y mientras que la negociación de los Presupuestos de 2019 parece que absorberá toda la energía parlamentaria en las próximas semanas, PP y Ciudadanos han presentado en el Congreso sendas propuestas para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto para favorecer que las administraciones locales puedan destinar este mayor margen en reducir la presión fiscal.
Así figura en las enmiendas a la totalidad de ambas formaciones a la proposición de ley de Unidos Podemos que busca flexibilizar la aplicación de la regla de gasto, en línea de otorgar un mayor margen a las administraciones saneadas para utilizar su superávit. En su texto alternativo, el PP busca ampliar el apartado de la ley dedicado a las reglas especiales para el destino del superávit, añadiendo nuevos supuestos a las conocidas como inversiones financieramente sostenibles, que ya recoge actualmente la norma. Concretamente, bonificaciones fiscales y ayudas sociales, informa Ep.
Su propuesta permitiría a los ayuntamientos a destinar este excedente en bonificaciones de impuestos locales "para el fomento de la actividad económica y la creación de empleo de autónomos y pymes" y ayudas sociales para "colectivos especialmente vulnerables". Entre ellos, el PP cita a familias numerosas, pensionistas, víctimas de violencia de género, parados de larga duración y desempleados mayores de 52 años.
Por su parte, Ciudadanos propone otra vía para permitir una bajada de impuestos, aunque en su caso para todas las administraciones públicas, pues modifica la propia aplicación de la regla de gasto y su cómputo para los próximos ejercicios. Su enmienda a la totalidad que confrontará a la iniciativa de Unidos Podemos permite que el descenso de ingresos como consecuencia de una bajada de impuestos no se tenga en cuenta a la hora de calcular el nivel de gasto para próximos ejercicios, siempre que esta rebaja fiscal no haya provocado incurrir en déficit estructural.
Por otro lado, incluye un nuevo requisito para que las entidades locales puedan emplear el superávit presupuestario, al exigir que, además de los requisitos vigentes, estas corporaciones mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. La formación también apuesta por modificar el procedimiento para la aprobación de la senda de estabilidad, y en su propuesta comparte con PSOE y Unidos Podemos la necesidad de levantar el veto irreversible del Senado.
Eso sí, Ciudadanos propone que para poder revertir un posible rechazo de la Cámara Alta a los objetivos de déficit y de deuda sea necesario recabar una mayoría reforzada de tres quintos en la votación del Congreso.
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