La reforma de las oposiciones abre una guerra en la élite de la Administración

La propuesta del Gobierno para reformar las oposiciones y hacer más accesibles las pruebas que permiten alcanzar la condición de funcionario ha desencadenado un conflicto interno sin precedentes entre los cuerpos de élite de la Administración, escindidos a día de hoy entre los que asumen la necesidad de actualizar los procedimientos de acceso a la función pública para garantizar la sustitución de la masa de funcionarios que se jubilará en los próximos años, y los que miran con recelo la iniciativa gubernamental y la interpretan como un ataque a un sistema de oposiciones que en su opinión ha demostrado un elevado grado eficacia hasta la fecha y que defienden como una garantía de calidad en la prestación de los servicios por parte de la alta función pública del Estado. 

El enfrentamiento se libra principalmente entre bambalinas y tiene como principal 'campo de batalla' el despacho de Javier Rueda, director general de Función Pública con Meritxell Batet y Luis Planas, secretario general de Función Pública con Carolina Darias y Miquel Iceta, actual director de gabinete de la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y según varias fuentes consultadas del ámbito de la Administración del Estado autor intelectual del documento de 'Orientaciones para el Cambio en el Proceso de Selección de la AGE', que plantea cambios revolucionarios en el proceso de selección del personal público y que está en el origen de este enredo. Por ese despacho han desfilado en los últimos meses los representantes de los principales cuerpos superiores de la Administración del Estado para ofrecerle su colaboración en ese desafío de abordar esa reforma de las oposiciones o disuadirle de esa intención advirtiendo de los trastornos en el funcionamiento futuro de la Administración que podría provocar un cambio drástico del esquema actual.

Esa 'batalla por influir' no sólo se ha dirimido en los despachos, en esta ocasión también ha saltado al debate público. La plataforma que aglutina a las organizaciones representativas de la mayoría de los cuerpos superiores de la Administración del Estado, Fedeca, tributó una bienvenida crítica al documento en un comunicado en el que, por un lado, se brindaba a colaborar para una actualización "no rupturista del sistema de acceso al empleo público", y por otra advertía de que cualquier modelo que se plantee "para su actualización, que no sustitución", debía respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, "líneas rojas de obligada observación".

La posición marcada por Fedeca, muy general por la inexistencia de una propuesta concreta de reforma y por el imperativo de trasladar el consenso básico de las más de 40 organizaciones que constituyen la federación, se le quedó muy corta a cinco asociaciones, y no a cinco cualquiera sino a las que representan a la auténtica aristrocracia de la Administración: los técnicos comerciales del Estado, los diplomáticos, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda y los interventores y auditores del Estado.  Éstas decidieron desmarcarse del consenso básico acuñado por Fedeca y enviar su propio comunicado, más contundente y directo, en el que advertían de la merma en la calidad del servicio público que se produciría si se introdujeran cambios drásticos en el sistema de oposiciones y se hacía una defensa a ultranza del actual modelo de aprendizaje mixto, con su componente memorístico y sus pruebas prácticas.

La iniciativa unilateral de estas cinco asociaciones - probablemente las de mayor peso entre los cuerpos superiores de la Administración - ha tensado las costuras de Fedeca, una federación con una larga tradición de circunspección pero que en los últimos años ha cogido vuelo y perfil a horcajadas de la reivindicación de un estatuto propio para los directivos públicos, un objetivo que ha logrado fijar una meta común para una amalgama de colectivos con intereses bien diferentes como está demostrando el debate en torno a la reforma de las oposiciones. La situación ha llegado a un punto que ha aconsejado a la cúpula directiva de Fedeca, liderada por su presidente Jordi Solé, convocar una Asamblea Extraordinaria este martes para tratar de configurar una posición común de cara a la inminente publicación de una propuesta concreta del Gobierno sobre la reforma de las oposiciones de aquí a que acabe el año.

La batalla de la memoria

Las discrepancias alcanzan al enfoque mismo sobre cómo posicionarse ante la propuesta del Gobierno, si desde una posición más colaborativa o más reactiva, pero se han concentrado en torno a un elemento concreto: la importancia del aprendizaje memorístico en las pruebas de acceso a la condición de funcionario. La propuesta del Gobierno plantea la reducción del número de ejercicios a realizar, el establecimiento de pruebas específicas que permitan valorar otras competencias profesionales más allá del conocimiento de un temario, pero sobre todo sugiere de forma literal la "supresión de las pruebas consistentes en la mera acreditación memorística de conocimientos mediante exámenes orales", salvo que exista una razón debidamente justificada para mantenerlas.

Para Ana de la Herrán, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda y rostro visible del movimiento de esas cinco organizaciones corporativas más combativas con la propuesta del Gobierno, ese aprendizaje memorístico está en la base misma de la búsqueda de la excelencia en el servicio que estos cuerpos superiores prestan a la ciudadanía y que su cuestionamiento es algo así como cuestionar "que se aprendan las matemáticas en el colegio cuando ya hay calculadoras". "El actual modelo de selección ha demostrado su eficacia a la hora de seleccionar a los mejores profesionales para posiciones que son esenciales para el funcionamiento de la Administración. No hay ninguna prueba empírica que demuestre que otro sistema puede captar más gente y más talentosa", advierte. 

La defensa a ultranza del modelo actual de oposición, que algunos tachan de decimonónico, ha hecho que surjan voces dentro de la élite de la Administración acusando a esos cuerpos superiores de"inmovilistas" o de "elitistas" porque entienden que adoptan esa postura para preservar ese prurito profesional que les da el haber superado una de las oposiciones más duras de la Administración. Este relato se ha filtrado a la arena política donde el argumento de la necesidad de acabar con las sagas familiares en los puestos de élite de la Administración ha hecho fortuna pese a no sostenerse en datos contrastados. Fuentes de la alta función pública consultadas por La Información observan también un cierto celo corporativo en la actitud adoptada por estos cuerpos profesionales. Sugieren que parte de esa oposición frontal a cualquier avance en la modernización de las oposiciones se debe a que ésta se está promoviendo desde departamentos en los que no están representados y cuyas decisiones no pueden 'gobernar'.

"No nos oponemos a modernizar las oposiciones", protesta Ana de la Herrán. "Llevamos años pidiendo que se actualicen los temarios para mejorar la formación o el nivel de especialización de los nuevos inspectores, pero aligerar la base oral o memorística de los procesos de selección no es el camino". Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, cree que esa propuesta se basa en un diagnóstico erróneo. Entiende que se formula porque hay preocupación por la caída de la cantera de opositores y porque ésta se atribuye a la dificultad o el escaso atractivo de los procesos de acceso. "Pero no es cierto. Durante muchos años hubo cantera de opositores y si ahora no la hay es porque aún estamos pagando los efectos de los años de austeridad y de la ausencia de convocatorias. Hacen falta tres o cuatro años para volver a configurar un cuerpo de opositores y eso solo se puede hacer haciendo convocatorias todos los años".

Ésas son las objeciones 'oficiales'. Fuentes de los colectivos más combativos con la propuesta realizada por el Gobierno elevan en privado el tono de sus protestas. Interpretan que tras esa voluntad de aligerar las oposiciones o introducir otro tipo de pruebas de selección de naturaleza más subjetiva subsiste una intención oculta de socavar la independencia de la alta función pública y facilitar el acceso a personal de confianza de los políticos, algo así como una politización de la alta función pública del mismo modo que ha ocurrido con la figura de los asesores externos que cada vez tiene mayor peso en la estructura directiva de la Administración.

La difícil configuración de una posición de consenso

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda se confía en que la reunión del martes sirva para demostrar que no existe ningún enfrentamiento entre cuerpos superiores sino sólo una discrepancia respecto al tono y aseguran que ese comunicado que en origen respaldaron las cinco grandes organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado cuenta ya con el apoyo de una docena de organizaciones. "Creemos que se puede construir un consenso en torno al comunicado que difundimos en su momento. Al menos eso es lo que nos trasladan nuestros compañeros de otros cuerpos".

Para el presidente de Fedeca, Jordi Solé, el 'momento procesal' no permite a la federación ir mucho más allá de lo que ya dijo el 31 de mayo. "El documento presentado por el Ministerio es muy genérico y no permite plantear una posición definitiva. Entendemos que el sistema actual de acceso ha demostrado ser objetivo, bueno y transparente en la selección, lo que no implica que el documento de orientaciones incluya elementos como la posibilidad de complementar, que no sustituir, las pruebas actuales con otro tipo de pruebas que evalúen otras competencias, pero lo que a nosotros nos corresponde es permanecer vigilantes para que no se socaven en ningún caso los principios de igualdad, mérito y capacidad".