Ante una situación de dificultad, las empresas continúan inclinándose mayoritariamente por despedir a sus empleados temporales antes que explorar otras opciones como reducciones de salario, ampliaciones de jornada o supresión de incentivos o ayudas a sus empleados. Así lo demuestra la Encuesta Laboral Anual correspondiente a 2016 recién publicada por el Ministerio de Empleo, que demuestra que las opciones de flexibilidad interna impulsadas por el Gobierno en la reforma laboral de 2012 no han terminado de calar aún en la cultura empresarial patria.
La controvertida reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 amplió el catálogo de situaciones en que una empresa puede despedir a un trabajador a coste reducido, de acuerdo, pero también facilitó más que nunca su acceso una extensa relación de opciones de flexibilidad interna para poder reducir sus costes sin necesidad de llegar a la solución traumática de tener que reducir su plantilla de manera permanente.
Obligó a sustituir en los convenios colectivos el concepto de categoría profesional por el de grupo profesional, ofreciendo de este modo a las empresas la opción de organizar sus recursos humanos de una forma mucho más flexible; elevó del 5% al 10% el porcentaje de la jornada anual del trabajador que los empresarios pueden determinar según sus necesidades fuera de la jornada estándar pactada en convenio; amplió las situaciones en que una empresa puede recurrir a la movilidad geográfica de sus empleados; e incluso facilitó la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados por causas económicas.
Nunca antes las empresas tuvieron un marco regulatorio tan favorable para arbitrar medidas, incluso al margen de la negociación colectiva, para reducir sus costes sin necesidad de recurrir a los despidos. Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la apuesta gubernamental por impulsar una cultura de la flexibilidad interna en las empresas que desbanque la tradicional inclinación al despido cuando las cosas empiezan a venir mal dadas no termina de arraigar y solo consigue abrirse paso a duras penas, especialmente en las empresas de mayor tamaño.
La recientemente publicada Encuesta Anual Laboral correspondiente al año 2016 revela que el porcentaje de empresas que aplican medidas de flexibilidad interna se mantiene más o menos en los mismos niveles en que estaba en 2013, el primer año en el que se realizó el seguimiento estadístico de este ítem: en torno al 27%. Es cierto que se percibe un avance importante respecto a los dos últimos años - en 2014 fueron el 24,3% y en 2015, sólo el 20,7% -, pero la proporción de empresas que recurren a este opción continúa siendo minoritaria.
Hay buenas noticias. Como las empresas que más recurren a este tipo de medidas son las más grandes resulta que el porcentaje de trabajadores que operan en entornos laborales donde se recurre a la flexibilidad interna son el 41% del total y, además, el 80% de las empresas afirman que no han recurrido a la flexibilidad interna porque, básicamente, no les ha hecho falta en un contexto económico mucho más favorable del que había en 2012 o 2013.
El despido, primera opción
Pero también hay motivos para la inquietud. Según los datos a los ha tenido acceso lainformacion.com, más de la mitad de las empresas admiten que ante una eventual contracción de la demanda de sus bienes o servicios reaccionarían ajustando sus costes laborales. No es su primera opción, antes optarían por reducir otros gastos de estructura o funcionamiento no relacionados con la plantilla. Lo preocupante viene cuando se les pregunta sobre de qué forma ajustarían sus costes laborales una vez agotada la vía del ajuste corriente...
Toda la batería de opciones puestas a disposición de las empresas por la reforma laboral de 2012 no impiden que los despidos en el segmento temporal de la plantilla sean, de largo, la primera opción que contemplan las empresas a la hora de reducir sus costes laborales. Más de la mitad admiten que esa sería la alternativa por la que se inclinarían.
Solo uno de cada cinco asegura que su primera reacción sería reducir a la vez horas trabajadas y salarios para superar la crisis, lo que convierte esta medida de flexibilidad interna en la segunda opción, por delante, por ejemplo, de despedir a los empleados con contrato fijo. Tocar los incentivos salariales que recibe la parte de la plantilla que dispone de retribución variable o reducir otros costes no salariales, como beneficios sociales u otro tipo de ayudas, solo figuran como opción para una parte mínima de los empresarios.
Pánico a bajar los salarios
Sorprende de la encuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo que solo un 1,8% de las empresas contemple la reducción de la parte fija del salario de sus empleados como una fórmula para adaptarse a una situación complicada del negocio. La Encuesta Laboral Anual no da una explicación a este fenómeno. Al menos no de manera directa. Una posible explicación podría encontrarse en el modo en que se decide implantar una medida de flexibilidad interna.
Las empresas subrayan que estas medidas son fruto del acuerdo con los representantes de los trabajadores en entre el 80% y el 90% de los casos. Lo que más se pacta es la ampliación de la jornada de trabajo (92,8% de las empresas), lo que menos, la supresión de incentivos o ayudas de carácter no salarial (80,1%). Todo apunta a que el Gobierno abrió la puerta para que las empresas pudieran tomar decisiones sin necesidad de recurrir a la negociación colectiva, pero que éstas continúan prefiriendo hacer las cosas por la vía de la concertación.
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