La reforma penal de Gallardón siembra el pánico entre las grandes empresas

Las grandes empresas españolas andan algo agitadas y el motivo no es otro que la reforma del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El texto, publicado en el BOE el pasado 4 de octubre y que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, obliga a las empresas a diseñar un plan estricto, plagado de requisitos, para prevenir posibles comportamientos delictivos por parte de sus empleados, estén en el nivel que estén.

Pero no se conforma con eso. También crea una nueva figura delictiva cuyo objetivo es sancionar penalmente a los directivos encargados de la gestión de esa estructura preventiva, cuando se demuestre que no adoptaron las medidas adecuadas para evitar la comisión de delitos.

El problema es que la valoración sobre si las medidas establecidas en ese plan son o no adecuadas se hace descansar en un principio jurídico muy difuso, "el ejercicio del debido control por parte de las empresas", lo que ha hecho poner el grito en el cielo a la Asociaciones de Emisores Españoles, el lobby que defiende los intereses y la seguridad jurídica de las empresas cotizadas.

"Tal y como está planteada la reforma puede multiplicar las imputaciones de consejeros y altos directivos de empresas", ha advertido el secretario de la organización, Francisco Javier Zapata, en un encuentro sobre la nueva responsabilidad penal de los órganos de gobierno de las empresas organizada por la asociación y patrocinado por la consultora KPMG.

La razón es que la ley pide que esa estrategia de supervisión se haga descansar en un "órgano con poderes autónomos, iniciativa y control", y los expertos entienden que para respetar esos criterios se debería constituir un órgano colegiado en el que deberían estar representados los departamentos de asesoría jurídica, auditoría interna y recursos humanos, y que el propio Consejo de Administración debería aprobar esas políticas...

No es extraño que el directivo de la Asociación de Emisores Españoles admite que "no sólo nos preocupan los requisitos establecidos por la ley, que entendemos que son demasiados, sino que se exija con excesivo rigor".El daño de la 'condena de Teledario'

Al cabo, lo que más preocupa a las grandes empresas españolas es el riesgo reputacional, lo que se llama la condena de Telediario, es decir, el daño que sobre la imagen de una empresa supone ver desfilar a un alto directivo de una empresa camino del Juzgado por un delito cometido por uno de sus empleados.

Aunque ese paseíllo sólo se justifique por la necesidad de explicar ante el juez los detalles de la estrategia de prevención puesta en marcha por la empresa para tratar de evitar ese delito, no porque se entienda que la empresa esté implicada en el mismo.

Como ha recordado Alain Casanovas, socio responsable del Área de Cumplimiento Legal de KPMG. "Por muy bueno que sea, cualquier sistema de prevención siempre va a tener algún agujero".

Jaime Requena, magistrado de la Audiencia Provincial de Tenerife, asesor del secretario de Estado de Justicia y uno de los expertos que ha participado en la redacción de la reforma, comprende los riesgos, pero los considera inevitables.

"La reforma se ha hecho sobre la base de que nada garantiza al 100% que un empleado de una empresa no pueda cometer un delito. Lo que hemos intentado es que haya que justificar que existió un fallo relevante en el sistema de prevención para poder justificar la responsabilidad de la empresa", subraya el asesor gubernamental.

Ya, ¿pero qué pasa con ese riesgo reputacional? ¿Por qué no se tiene en cuenta?, preguntan desde el ámbito de la empresa."Para bien o para mal tenemos un sistema procesal que tiene ciertos perjuicios para los inocentes porque la mayor parte de las veces se investiga si se ha cometido delito o no, no la gravedad de éste, y eso hace que se impute a muchas personas", admite Requena.

"Pero eso nos convierte a todos en carne de cañón procesal, no sólo a los empresarios", concluye.