La renuncia al cargo de la ya ex directora general de Trabajo, Concha Pascual, tras la crisis política por la legalización de la Organización de Trabajadores Sexuales (Otras), y la aceptación de la misma por parte de la ministra Magdalena Valerio, en un intento por visibilizar la depuración de las responsabilidades políticas derivadas del asunto, ha abierto la primera crisis interna en el Ministerio tras el cambio de Gobierno, según han asegurado a La Información fuentes de la sede ministerial.
"Existe un gran malestar entre sus compañeros. Es una funcionaria muy competente y reconocida, y creen que la han hecho pagar todo el revuelo político levantado alrededor del asunto", explican estas mismas fuentes.
"El asunto" es la legalización de la Organización de Trabajadoras Sexuales, firmada el 31 de julio por la directora general de Trabajo ya dimitida y publicada en el BOE del pasado 4 de agosto. El trámite no saltó al foco de la opinión pública hasta semanas más tarde y cuando eso ocurrió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que al parecer no estaba al tanto de la cuestión, confesó que le habían metido "un gol por toda la escuadra" y aseguró que movilizaría a la Abogacía del Estado para tratar de revocar dicha autorización.
Esto sucedió el jueves 30 de agosto - 26 días después de la publicación de la resolución favorable de la Dirección General de Trabajo en el BOE - y, según la versión oficial difundida ayer por el Ministerio, Concha Pascual presentó su renuncia por carta al día siguiente: el viernes 31 de agosto. La ministra ponderó la 'oferta' de la directora general de Trabajo durante el fin de semana y este lunes determinó aceptarla.
Según la versión del Ministerio de Trabajo, en su carta de renuncia, la ya ex directora general de Trabajo asumía toda la responsabilidad por la tramitación favorable del expediente de constitución del sindicato de trabajadoras sexuales y por haber dado trámite a la misma sin haber ponderado la dimensión política del asunto.
¿Un problema político o un problema técnico?
¿Se trata pues de un problema de naturaleza política? No, al menos no en exclusiva. Desde el Ministerio explican que la ex directora general de Trabajo, "una magnífica profesional", erró al no ponderar la dimensión política de la legalización del sindicato de trabajadoras sexuales, pero también al ejecutar el preceptivo control de legalidad sobre los estatutos sociales de la organización, que la Abogacía del Estado está examinando para comprobar si en algún punto contravienen la normativa.
Si en efecto la contravienen, como sospecha el Ministerio, la salida de la directora general estaría justificada desde un punto de vista jurídico; pero si no es así se abriría el debate de qué ha hecho Concepción Pascual para perder su condición de alto cargo.
Fuentes conocedoras de la dinámica del Ministerio a esos niveles elevan el tiro a la hora de buscar responsabilidades. "Lo normal es que todos los registros de nuevas asociaciones se vean en el Comité de Dirección y cuenten con el visto bueno si no de la ministra, al menos sí de la secretaria de estado de Empleo. Si no ha ocurrido en este caso no es que a la ministra le hayan metido un gol, es que se lo ha metido en propia puerta", asegura un ex alto cargo del Ministerio.
Desde Trabajo se defienden diciendo que la ministra "no puede revisar todas las solicitudes de nuevos sindicatos que se presentan". Una sencilla búsqueda en el BOE revela que desde que tomara posesión del cargo el Ministerio ha aprobado los estatutos sociales de cinco nuevas plataformas sindicales.
El expediente de la Organización de Trabajadoras Sexuales, además, tuvo sus singularidades, ya que fue objeto de subsanación al observarse defectos en la documentación presentada, según admite la propia resolución de la Dirección General de Trabajo. Así que tuvo que analizarse un mínimo de dos veces antes de ser resuelto en conformidad.
El Ministerio de Trabajo asegura que en todo este proceso el asunto nunca se puso en conocimiento ni de la ministra, Magdalena Valerio, ni de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y que esa falta de reporte ha justificado también que la ministra se haya decidido finalmente por aceptar la dimisión.
De telón de fondo de todo el conflicto, el hecho, revelado por Público, de que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, de la que depende directamente la Dirección General de Trabajo, firmó en 2015 un artículo académico coral publicado en el diario El País defendiendo la legalización de la prostitución como una actividad mercantil.
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