Con la vuelta al cole, toca hacer balance de la evolución del mercado laboral en los últimos meses. No ha sido un buen verano para el empleo, de hecho, ha sido el peor desde 2012. Entre julio y septiembre, la Seguridad Social perdió 144.278 cotizantes, la mayor merma en este periodo de los últimos seis años. La ralentización ya se deja sentir en la generación de puestos de trabajo.
Es la crónica de un frenazo anunciado. En las últimas semanas, los principales organismos nacionales e internacionales han revisado a la baja sus previsiones para la economía española. El miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó una décima, hasta el 2,7%, su estimación de avance del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018. Ya lo había hecho antes el Banco de España, en un tono incluso más pesimista, al proyectar un crecimiento del 2,6%.
Pero el martes, las cifras que hizo públicas el ministerio de Trabajo generaron cierto optimismo entre los analistas –La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elevó al 0,68% su previsión para el tercer trimestre, desde el 0,63% anterior– al arrojar el típico sabor agridulce de un mes de septiembre: la Seguridad Social sumó 22.899 cotizantes, pero se pusieron a la cola del paro 20.441 personas.
“Fue un dato mejor de lo esperado”, se sorprende el presidente de IMF Business School, Carlos Martínez, quien recuerda, sin embargo, que veníamos de cerrar un mes negro para el empleo: el peor agosto de la última década fulminó 202.996 puestos de trabajo. Mejor sabor de boca dejó julio, gracias al tirón de la contratación en plena temporada turística, con 35.819 nuevos afiliados. Ante esta evolución, en BBVA Research constatan ya que el mercado laboral perdió dinamismo en el tercer trimestre, pese al “positivo” dato de septiembre, ya que las cifras fueron “insuficientes” para compensar los “decepcionantes” registros de julio y agosto.
Tensiones financieras en el Sistema
En total, y a la espera de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre a finales de este mes, entre julio, agosto y septiembre 144.278 personas dejaron de cotizar a la Seguridad Social. Una sangría que tensa aún más la situación financiera del deficitario sistema de las pensiones públicas, que podría agravarse si se aplica de manera definitiva la revalorización de las prestaciones con el IPC. La medida tendría un coste aproximado de 40.000 millones de euros hasta 2050, según advirtieron esta misma semana los técnicos del FMI en su valoración de situación de la economía española.
Un tirón de orejas al que Magdalena Valerio respondió lanzando un mensaje de tranquilidad: si bien la indexación al IPC es “inquebrantable” para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, el Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Recordemos que quedan una veintena de recomendaciones por debatir y cerrar en el seno del Pacto de Toledo, para ponerlas después sobre la mesa del diálogo social, antes de llevarlas al Congreso.
Mientras la ministra de Trabajo lamentaba este jueves que “se está creando empleo, pero no es de calidad”, volvía a culpar a la reforma laboral del PP de la devaluación salarial en España y reconocía que el sistema no podrá mantenerse a futuro sólo con cotizaciones sociales, su departamento prevé que los ingresos derivados de las cotizaciones superen las previsiones presupuestarias. Así lo avanzó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en rueda de prensa para comentar los datos de paro y afiliación septiembre.
En cifras, el Gobierno espera ingresar este ejercicio 114.915,75 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Hasta agosto las arcas de la Seguridad Social han recaudado 76.210,7 millones, el 5,6% más que en el mismo periodo de 2017 y un 66,32% de lo previsto para el conjunto del año.
Aun con el gasto en pensiones disparado –récord de 9.235 millones de euros en septiembre– Granado considera que “a mayor recaudación, el déficit disminuirá”. Según sus estimaciones, la Seguridad Social cerrará el año con un déficit de entre el 1,5% y el 1,6% del PIB, por encima de la meta oficial del 1,1%, tras incorporar el impacto de los 1.800 millones de euros derivados de la subida de las pensiones y de la mejora de viudedad.
En su última ficha de seguimiento de ejecución presupuestaria, la Airef considera improbable alcanzar el déficit del 1,1% del PIB notificado a la Comisión Europea. El documento destaca que el desfase se ha reducido en dos décimas desde el inicio del año, aunque "esta reducción se revertirá en lo que queda del año por la entrada en vigor de la subida de pensiones". Con todo, según sus estimaciones, el déficit del subsector se situará en el entorno del 1,5% del PIB, en línea con el observado en 2017.
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