La sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que considera a Uber una empresa de transportes y no una mera plataforma tecnológica es una piedra arrojada al estanque. Las ondas de la decisión judicial llegan a otras empresas de la vaporosa economía colaborativa como Deliveroo o Glovo. Y también a organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) encargados de vigilar el correcto funcionamiento del mercado.
En España, la sentencia contra Uber condena al cajón de los asuntos a hibernar el polémico informe que elaboró el exdirector de promoción de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Antonio Maudes. El informe Maudes ensalza los beneficios la economía colaborativa y pide al Gobierno y a las CCAA que acaben con las “restricciones injustificadas” en la regulación del fenómeno en el alojamiento y en el transporte.
Las fuentes consultadas en la CNMC consideran que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo reafirma la posición de quienes se opusieron a la liberalización total de actividades. El informe Maudes rompió la CNMC en dos bandos. Provocó un prolongado enfrentamiento entre el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y los consejeros nombrados a instancias del PP en el regulador, con la vicepresidenta Maria Fernández al frente.
El choque fue sonado. En el pleno del 29 de marzo de 2016, seis de los diez consejeros de la CNMC reclamaron el cese de Maudes por pérdida de confianza. El pulso estaba sobre la mesa y el presidente Marín Quemada convirtió a Maudes en símbolo de resistencia. No cedió y pese a la petición de la mayoría del consejo, mantuvo al director de Competencia en su puesto hasta el pasado mes de septiembre
La batalla en torno a Maudes, transformada en un pulso letal para Marín Quemada, provocó cruces de acusaciones y filtraciones que revelaban la intensidad de la lucha en un organismo crucial para el funcionamiento sano de los mercados.
Hasta el auditor de la CNMC se hizo eco de la pelea y advirtió de sus posibles consecuencias. A finales de 2016, el departamento de control interno de la Comisión elaboró un informe en el que destacaba que algunos consejeros habían “infringido” el deber de guardar secreto o reserva de las deliberaciones. En el texto, les acusaba de realizar juicios de intenciones peyorativos sobre la postura de los demás miembros de la sala.
Votos particulares
El informe interno criticaba también la utilización de los votos particulares de los consejeros porque, en su opinión, no se limitaban a exponer sus discrepancias con las resoluciones, sino que difundían información sensible sobre “el contenido material de la deliberación, los cambios de criterio (de los consejeros) y las supuestas intenciones de los deliberantes”.
Con la salida de Maudes del supervisor y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el informe sobre la economía colaborativa tiene muchas posibilidades de pasar al olvido. Aunque la polémica de la CNMC a cuenta de la regulación del sector del taxi -que data de finales de los 70- no ha acabado.
La pasada semana, la CNMC informó sobre las nuevas medidas que el Ministerio de Fomento prepara para controlar la actividad de las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor. Y las criticó con dureza. A la Comisión no le gusta ni la prohibición de comerciar con licencias de VTC durante dos años ni el aumento del control de los movimientos de los vehículos. Y sigue pendiente de decisión el recurso que la Comisión presentó ante el Supremo el verano pasado contra la limitación de licencias de vehículos de transporte con chófer (VTC) a una por cada 30 taxis.
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