La creación de empleo y los nuevos ingresos esperados por cotizaciones sociales como consecuencia de la misma, que aportarán cerca de 4.500 millones de euros más, permitirán enjugar íntegramente el efecto agregado de la subida natural del gasto en pensiones más la factura extra derivada del incremento de hasta el 3% comprometido para las pensiones menos generosas del sistema. Así se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 presentado este martes por el Gobierno, que prevé un repunte de la factura por pensiones contributivas de 4.389 millones de euros, que se ajusta casi al milímetro a los mayores ingresos esperados por cotizaciones: 4.455 millones.
El Gobierno ha calculado casi al céntimo el esfuerzo que podía permitirse para tener un guiño con el soliviantado colectivo de los pensionistas sin descuadrar las ya castigadas arcas de la Seguridad Social, para las que en 2018 se ha 'pintado' un ambicioso objetivo de déficit del 1,1%, sobre todo si tenemos en cuenta que venimos de un desequilibrio del 1,5% en su balance en 2017.
En conjunto, el gasto en pensiones aumentará en 5.188 millones de euros (un 3,7%) hasta llegar a 144.834 millones, lo que supone que el 40,9% de las cuentas públicas consolidadas (Estado+Seguridad Social) de 2018 se destinarán a este menester. La partida más relevante ahí será la de las pensiones contributivas, que pasará una factura de 127.110 millones de euros (un 3,5% más) y en la que se encuadra la actualización general del 0,25% para todas las pensiones del sistema, la subida del 3% para las pensiones más bajas del sistema, el incremento del 1,5% para las que supongan un ingreso anual inferior a 9.800 euros y la del 1% para las estén entre 9.800 euros y 12.040 euros anuales. También se paga con ese 3,5% adicional la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 54%.
Finalmente, el coste agregado de todas estas medidas será de 1.097 millones de euros y servirá para mejora la situación de 5.750.000 perceptores de prestaciones públicas por jubilación y por viudedad. Por su parte, la mejora del 3% de las pensiones no contributivas del sistema, cuya factura pagará el Estado, no la Seguridad Social, beneficiará a 450.000 pensionistas y significará un coste extra para el Estado de 2.700 millones de euros. Sólo una curiosidad más: la factura de las pensiones de clases pasivas - las que perciben los funcionarios del Estado- crecerá en 2018 cerca de un 6% y se situará por primera vez por encima de los 14.500 millones, en un contexto marcado por la decisión de cientos de empleados públicos de adelantar su jubilación para eludir el efecto sobre su futura prestación de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Baja el gasto por desempleo, se dispara el gasto por absentismo
En conjunto el gasto social se lleva el 56% del presupuesto público - sumado Estado y Seguridad Social-, en total 196.782 millones de euros, y ello pese a la reducción esperada de la factura de las prestaciones por desempleo, en un contexto de creación de empleo y reducción del paro que a efectos presupuestarios se traducirá en mayores ingresos y menores gastos. En este sentido, el presupuesto cuenta con que durante 2018 se incorporen 475.000 ocupados más, lo que permitirá elevar la remuneración bruta de los asalariados un 3,8%, gracias, entre otras cosas, a que los sueldos de los funcionarios públicos se elevarán de media un 1,75% - los de policías y guardias civiles lo harán bastante más- y a que la subida salarial media en los convenios colectivos será del 1,5%.
El Gobierno considera que bajo los parámetros actuales de actividad económica, España podría alcanzar en 2019 - un año antes de lo previsto- el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados y la tasa de paro del 12%. El favorable contexto económico permitirá una reducción del 3,4% del gasto en prestaciones por desempleo y que el saldo entre las cotizaciones por desempleo pagadas por los trabajadores y las prestaciones abonadas a desempleados arroje un superávit de 1.911 millones de euros. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Garantía Salarial. Habrá menos regulaciones de empleo y menos prestaciones a pagar y ello arrojará un saldo positivo de 385 millones de euros. La suma de ambas cantidades auguran una reducción del déficit de la Seguridad Social en 2018, en la que ambas cuentas se integran.
Apuesta por la infraestructuras
La superación de la etapa de los recortes se va filtrando poco a poco a las partidas de gasto más castigadas por la crisis como la inversión en infraestructuras que en 2018 recibirá un inyección extra de 800 millones de euros y superará de nuevo el umbral de los 5.000 millones, 5.675 millones de euros en concreto. Sobre esa base, la inversión pública agregada de la Administración del Estado (incluyendo todo tipo de inversiones, no solo la de infraestructuras) y del sector público empresarial, es decir, el gasto público que impactará de forma directa sobre el tejido económico ascenderá a 14.823 millones de euros, un 15,3% más que en 2017
El Gobierno también ha comprometido en sus presupuestos un incremento del gasto en I+D del 8,3% hasta los 7.044 millones de euros y un incremento agregado del 15% en otras partidas orientadas a la actividad económica. Un importante avance sobre el papel, si no fuera porque solo hace falta mirar a la ejecución presupuestaria del año pasado para saber que fueron dos de los capítulos con un nivel de aplicación efectiva más baja, en el caso del capítulo de I+D ni siquiera llegó al 30%.
Unas cuentas fiadas al incremento de los ingresos
Según los datos del Gobierno, en 2018 la economía crecerá un poco menos y la inflación será un poco más alta que el año pasado por lo que en lo que respecta a la base de generación de los ingresos la situación viene a ser más o menos similar y así lo ha entendido el Ejecutivo que ha estimado un incremento de los ingresos no financieros del Estado del 4,5%, frente al 4,7% calculado en 2017...y que acabó resultando demasiado optimista.
Montoro espera que el IRPF aporte en 2018 ingresos por 82.056 millones de euros, un 6,5% más que lo efectivamente recaudado en 2017. Hay que recordar que los Presupuestos de 2018 incorporan una rebaja del IRPF que eximirá de la obligación de tributar a las rentas por debajo de los 14.000 euros y que aplicará una reducción progresiva en los rendimiento de trabajo a las que se sitúan entre esa cifra y los 17.000 euros. ¿La razón? Varias: el Gobierno espera 475.000 contribuyentes potenciales más (ocupados) que en 2017, que la cuenta de la remuneración de asalariados crezca un 3,8% y que los rendimiento por capital mobiliario muestre el mismo perfil acelerado que este año.
Llama la atención el incremento del 20% que prevé el Gobierno en los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que no siendo relevante para el cumplimiento o no de la previsión de ingresos del Estado sí anticipa algún movimiento en ese campo. También llama la atención la previsión de ingresos por impuestos medioambientales, exactamente igual a la recaudación de 2017, pese al acuerdo ya alcanzado con las comunidades autónomas para avanzar en ese campo. He aquí uno de las fuentes de ingresos de las que el Gobierno podrá tirar si las cosas se ponen feas.
En términos consolidados, agregando los ingresos por impuestos tributarios y no tributarios del Estado y los derivados de las cotizaciones sociales que alimentan el presupuesto de la Seguridad Social, la Administración del Estado espera ingresar este año más de 233.508 millones de euros, 13.000 millones más (un 6%) que en 2017.
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