La subida de impuestos a los salarios más altos y a los grandes patrimonios del país no aportará ni la mitad de los 667 millones de euros que el Gobierno estimó en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el supervisor presupuestario independiente cuya creación forzó Bruselas, la subida del IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros y la del Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes que declaren bienes y derechos por encima de los 10 millones de euros supondrán en conjunto un ingreso extra para las arcas públicas de entre 245 y 263 millones de euros, poco más de una tercera parte de la estimación gubernamental.
Los cálculos realizados por el organismo presidido por José Luis Escrivá, que fue creado precisamente para esto, para chequear las estimaciones que se lanzaban desde el Gobierno y ponderar su rigor, alientan las dudas sobre el plan presupuestario acordado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y confirman lo que es un clásico de la planificación presupuestaria en España con independencia del color del Gobierno: los ingresos están sobreestimados y los gastos infravalorados.
El asunto es particularmente sangrante en lo que se refiere a uno de los ejes más emblemáticos del plan presupuestario: las subidas de impuestos a los ricos. El supervisor presupuestario concluye que la subida del Impuesto de la Renta no aportará los 328 millones de euros que el Ministerio de Hacienda esperaba recaudar con el incremento de dos puntos del tipo estatal a los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro a las superiores a los 300.000 euros, sino entre 245 y 255 millones, en torno a un 25% menos.
Pero lo más llamativo es lo del Impuesto de Patrimonio. El Gobierno aseguró a la opinión pública y a Bruselas que la subida a los grandes patrimonios del país - que Unidos Podemos forzó hasta el último minuto de la negociación - generaría un flujo de recursos extra de 339 millones de euros. Los cálculos realizados por los técnicos de Airef - un puñado de funcionarios de élite con larga experiencia en cuestiones presupuestarias y en construcción de modelos econométricos - aseguran que en el mejor de los casos las comunidades autónomas ingresarán ocho millones de euros con la medida; en el peor...no obtendrán ni un solo euro.
El asunto era más o menos de esperar. Dos de cada tres grandes patrimonios se localizan en la Comunidad de Madrid, lo que a efectos prácticos significa que no pagan nada por el Impuesto de Patrimonio. Una singularidad que lógicamente tenía que afectar al recorrido presupuestario de la medida.
El déficit público se acerca a la barrera del 3%
La foto general trasladada este jueves por José Luis Escrivá a los diputados de la Comisión de Presupuestos se resume en que en opinión de la Autoridad Fiscal las medidas del Plan Presupuestario de 2019 no generarán los 7.200 millones de euros extra previstos, sino unos 5.000 millones de euros; y el gasto presupuestario no se elevará en 2.525 millones sino en 2.886 millones. El resultado será que el déficit del año que viene no se ajustará al 1,3% previsto en la senda oficial de consolidación fiscal y ni siquiera al 1,8% negociado por Nadia Calviño en Bruselas, sino que se iría hasta el 1,9%.
De hecho, Escrivá ha advertido de que en ausencia de medidas hay una probabilidad bastante elevada - a día de hoy del 50% - de que el Gobierno tenga que adoptar alguna medida adicional para cumplir con Bruselas. Por ello se animó a recomendar al Gobierno que realice un seguimiento exhaustivo tanto de la evolución de los gastos como de los resultados en ingresos de las nuevas medidas fiscales para evitar sorpresas.
Más inquietante parece el panorama en la recta final del año 2018. El presidente del supervisor presupuestario advirtió este jueves que a día de hoy la previsión de cierre del ejercicio presupuestario llevaría el déficit hasta el 2,8%, por lo que el margen del Gobierno para evitar continuar bajo el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo se estrecha a poco más de 2.000 millones de euros.
El asunto no es menor, y no solo porque en Bruselas ya estén escaldados por lo que interpretaron como una maniobra de Montoro para no reducir el déficit por debajo del 3% en 2017 y evitar así el ajuste extra previsto en las normas presupuestarias europeas, sino por la creciente sensibilidad de los mercados a los incumplimientos presupuestarios tras la situación desencadenada en Italia.
Además, Escrivá ha reconocido que de aquí a final de año existen riesgos que pueden desviar aún más el déficit real del objetivo pactado por Calviño en Bruselas del 2,7%. El supervisor presupuestario dice haber detectado una tendencia generalizada a elevar los gastos por encima de lo que indican las normas presupuestarias en muchas comunidades autónomas al calor de la cercanía de la convocatoria electoral de la próxima primavera y ha instado al Ejecutivo a activar los mecanismos que tiene en su mano para evitar un susto mayúsculo a final de ejercicio.
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