La subida salarial de los empleados públicos tendrá efectos desde el 1 de julio

La ministra de Función Pública y Política Territorial, Metitxell Batet, ha señalado este martes que la subida salarial definitiva de los empleados públicos, pendiente de sumar hasta un 0,25% más en función de dato final de crecimiento en 2018 que confirme el INE y otro posible 0,25% de fondos adicionales, que se añadirían al alza del 2,25% en vigor desde el pasado uno de enero, es "de justicia" y se fijará por acuerdo en un Consejo de Ministros para desplegar sus efectos a partir del 1 de julio.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el real decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público, que contempla la subida de al menos un 2,25% (ya entró en vigor el pasado 1 de enero) de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

De esta forma, si el avance del PIB del año anterior es igual al 2,1% el incremento salarial final (contando con la subida fija del 2,25%) será del 2,30%, mientras que si la economía española crece un 2,2%, el incremento total del sueldo será del 2,35%, del 2,40% si el PIB es igual al 2,3%, del 2,45% si el PIB es igual al 2,4% y del 2,5% si la economía acaba el año con un crecimiento igual o superior al 2,5%.

Según ha adelantado la ministra de Economía, Nadia Calviño, el PIB español habría crecido el año pasado un 2,6%, pero está pendiente de confirmación por el INE.

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A esta cifra habría que sumar el 0,25% de fondos adicionales, que deberán negociar los sindicatos con cada administración, ha explicado Batet, quien ha avanzado que la cuantía definitiva e fijará mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros y "desplegará sus efectos a partir del 1 de julio", como el pasado ejercicio.

2,5 millones de empleados públicos

Batet ha destacado que la subida salarial afectará a 2,5 millones de empleados públicos que componen el sector público en sus tres administraciones (Estatal ,autonómica y local), y sus efectos tendrán consecuencias positivas para la "dinámica" económica, ya que si no se hubiese aprobado vía decreto, la congelación salarial derivada de la prórroga presupuestaria habría supuesto "complejidad e incertidumbre".

Según la ministra, era preciso que las administraciones locales pudieran trasladar "en tiempo y forma" normativa los criterios retributivos para 2019, año en el que los entes locales y buena parte de los autonómicos celebran elecciones., puesto que de lo contrario se habría podido producir un retraso "excesivo" y la imposibilidad de su aplicación en el presente ejercicio.

"Este decreto ley no son los PGE ni tiene sentido que se convierta en un Presupuestos dos", ha apostillado Batet, quien ha recordado que el real decreto ley es consecuencia del acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo fruto de las negociaciones, con un marco a tres años para "tratar por igual a todos los empleados públicos con independencia del sector" y que trae "estabilidad y avance en las negociaciones de derechos".

Con la norma, se profundiza en la aplicación de mecanismos que vinculan la evolución salarial con la marcha de la economía, en un camino de "creciente importancia en los próximos ejercicios".

La titular de Función Pública ha defendido la "política de recuperación de capacidades y recursos de la Administración" del Gobierno, porque está "necesitada de impulso, muy especialmente en recursos humanos", ante su "problema de envejecimiento", la reducción "drástica" del número de empleados y de condiciones.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008, ha asumido la reducción de temporalidad al 8%, para lo que ayer firmó la estabilización de 2.500 plazas correspondientes a la oferta de 2018.