El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha topado con Bruselas en su intento de abaratar el recibo de la luz de la industria española más intensiva en consumo energético y aproximar éste un poco más al estándar europeo. La Comisión Europea ha bloqueado momentáneamente la distribución por parte del Gobierno español del fondo de 131 millones de euros 'pintado' en los Presupuestos de 2017 para compensar a las empresas electro intensivas por el sobrecoste que supone para sus cuentas de gasto que el sistema cargue en la factura eléctrica el coste derivado de la promoción de generación de energía de fuentes renovables, según han confirmado fuentes del Ministerio.
Este crédito presupuestario fue la respuesta del Gobierno a las demandas del lobby de las empresas de gran consumo de energía que exige desde hace tiempo la equiparación de sus costes energéticos a los de sus principales competidoras de Francia o Alemania, que disfrutan de diferentes sistemas de compensación que han configurado una suerte de precio industrial de la energía sensiblemente inferior al que se carga en la factura doméstica. Según la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), las empresas electro-intensivas españolas, un segmento vinculado a sectores como el metalúrgico, el químico, el siderúrgico o el de gases industriales, donde la energía puede suponer hasta el 50% de su estructura de costes, y que tiene a Arcelor Mittal o Alcoa como enseñas mas emblemáticas, soportan un gasto por suministro eléctrico hasta un 30% más caro que en otros países europeos, con el consiguiente perjuicio para su competitividad y el subsiguiente riesgo de deslocalización.
Países como Alemania han resuelto el asunto, con el visto bueno de Bruselas, fijando una factura eléctrica 'industrial' por la vía de eximir a sus empresas del pago de la parte del recibo vinculada a costes no relacionados estrictamente con el suministro, como por ejemplo los asociados a la promoción de fuentes de energía renovable. España abordó el asunto activando en su día el denominado servicio de interrumpibilidad en virtud del cual el sistema eléctrico retribuye a algo más de un centenar de instalaciones industriales de alto consumo energético por estar dispuestas a desengancharse de la red en momentos de picos de consumo para evitar una eventual caída del sistema. En 2017 este servicio distribuyó 520 millones de euros entre empresas de gran consumo de energía, si bien lo hizo bajo las dudas de la CNMC y las sospechas de la Unión Europea, que ha terminado exigiendo a España una modificación de ese régimen.
Algo similar es lo que ha ocurrido ahora con la línea de fondos de 131 millones de euros ideada por Álvaro Nadal. En ausencia del pertinente desarrollo reglamentario que clarifique el método según el cual se distribuirían esas ayudas, la Comisión Europea ha considerado que no hay nada que le impida sospechar que aquello puede encubrir alguna ayuda de estado, lo que sería el principal argumento para decretar el bloqueo del reparto de las ayudas, según explican fuentes empresariales.
Entre tanto, las empresas han visto como la última subasta de interrumpibilidad recortaba en un 30% la retribución a las empresas respecto al año 2017 y como los 131 millones de euros comprometidos como compensación - eran 150 millones en el proyecto inicial de Presupuestos- se convierten en un simple apunte contable a la espera de que Madrid y Bruselas se pongan de acuerdo. No extraña, por tanto, que AEGE haya exigido hace unos días al Gobierno "medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a las de nuestros principales competidores europeos".
Hacia una nueva compensación para empresas de gran consumo
Desde el Ministerio de Energía se admite que el escenario actual es el de un diálogo abierto entre la Comisión Europea y España para dar con un sistema de compensación que, por una parte, permita a la industria electro-intensiva española competir en pie de igualdad con la de otros países, pero que, a la vez, no conculque la regulación europea sobre ayudas de Estado.
Lo que el Gobierno ya sabe es que a Bruselas el servicio de interrumpibilidad no le convence y que la línea de ayudas aprobada in extremis en los Presupuestos de 2017 deberá estructurarse de un modo más transparente y fiable para superar el examen de Europa.
CEOE ha contribuido al debate esta semana con la presentación de un puñado de recomendaciones para configurar un precio competitivo de la energía en España e impedir que éste se convierta en un obstáculo para las empresas españolas. El planteamiento de la patronal pasa por eximir, al igual que sucede en otros países, a la industria española del pago de la parte del recibo de la luz que repercute costes ajenos al suministro eléctrico (renovables, sistemas insulares, financiación del déficit de tarifa...), rebajar las cargas fiscales que desde el Estado y las autonomías encarecen el precio de la energía y permitir legalmente la suscripción de contratos bilaterales entre grandes consumidores y distribuidores de energía para llegar a ahorros de costes por la vía de la competencia comercial.
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