Bruselas, 10 nov.- Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy formalmente nuevas normas para facilitar que los afectados por las compañías que infringen la regulación comunitaria antimonopolio reciban compensaciones.
La nueva directiva permitirá que los tribunales nacionales puedan ordenar a las compañías que les revelen información pertinente para estos casos, aunque sea confidencial, y amplía a un mínimo de cinco años el tiempo que tiene un afectado para reclamar una compensación.
Además, la nueva norma aclara cuestiones sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas que hayan participado en prácticas ilegales como cárteles o abusos de posición dominante, y establece que un afectado, ya sea cliente directo o indirecto, puede reclamar una compensación equivalente al total del daño que ha sufrido.
La Comisión Europea mostró en un comunicado su "satisfacción" después de que los estados miembros dieran la luz verde final a este dossier, que en principio entrará en vigor a mediados de diciembre, tras lo que los países tendrán dos años para aplicarlo.
Recalcó que, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el derecho de los afectados de estas prácticas a ser compensados, los "obstáculos nacionales de procedimiento y la incertidumbre legal" llevan a que solo algunas de las víctimas realmente obtengan compensación.
Además, las normas nacionales pertinentes difieren ampliamente de uno a otro país, por lo que las compensaciones que reciben los afectados dependen en buena medida del Estado en el que viven, afirmó la Comisión.
La directiva establece que los tribunales nacionales podrán pedir que se revelen las pruebas que existan sobre el caso en cuestión, al margen de las decisiones de las autoridades de Competencia, pero podrán decidir que ciertas partes sensibles no se hagan públicas o restringir las personas que pueden acceder a las pruebas.
Asimismo, los tribunales podrán solicitar la divulgación de pruebas que formen parte de los archivos de las autoridades de Competencia, salvo cuando se trate de solicitudes de clemencia (en las que una parte implicada en un cartel advierte de la existencia del mismo y colabora con la investigación) o de acatamiento de acuerdos.
El objetivo es mantener la eficacia de estos programas, que Bruselas considera muy útiles para detectar actuaciones ilegales.
Por último, los tribunales nacionales tendrán que considerar como pruebas también las decisiones emitidas por autoridades de Competencia o cortes de otros estados miembros.
La comisaria europea de Competencia, Margrete Vestager, mostró en un comunicado su satisfacción por la aprobación de unas normas que "harán más fácil" las reclamaciones, así porque consideró que refuerza la competencia en Europa, donde "necesitamos una cultura de la competencia más sólida", dijo.
Esta previsto que se firme oficialmente la directiva durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se celebrará a finales de noviembre, tras lo que deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Unión, y entrar en vigor 20 días después.
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