El Abogado General de la Unión Europea Evgeni Tanchev ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia comunitario que condene a España a pagar una multa diaria de casi 106.000 euros por no haber incluido a tiempo en su legislación nacional la directiva europea sobre los créditos hipotecarios.
La Comisión Europea llevó a España ante los tribunales en abril de 2017 por el retraso en la transposición de esta normativa, que fue aprobada a mediados de marzo de este año, cuando debía estar completa el 21 de marzo de 2016, y pidió a la máxima Corte comunitaria que le impusiese una multa de 105.991 euros al día a partir de la fecha en que dicte la sentencia que condene al país.
En las conclusiones publicadas, el Abogado General da la razón al Ejecutivo comunitario y considera que España incumplió su obligación de informar sobre las medidas para incluir la directiva en su legislación, según un comunicado del TJUE.
El letrado precisa que debe considerarse que un Estado miembro incumple esta obligación tanto si no comunica medida alguna como si las medidas notificadas constituyen una transposición incompleta o incorrecta de la directiva en cuestión.
El Abogado General desestima además la alegación de España de que la sanción propuesta por la Comisión es desproporcionada y respalda que se imponga una multa diaria que ascienda al importe total indicado por el Ejecutivo comunitario.
Asimismo recomienda al TJUE que utilice como fecha de inicio de la duración de la infracción la fecha de referencia que figura en el dictámen motivado, es decir, en la segunda petición de información que Bruselas envió a España el 17 de noviembre de 2016.
Si finalmente la Corte sigue esta orientación del Abogado General, que no es vinculante, la multa que debería pagar España ascendería ya a día de hoy a 91,3 millones de euros. El procedimiento judicial europeo sigue en marcha a pesar de que el Gobierno aprobó en febrero la ley reguladora de los contratos del crédito inmobiliario, que transpone la directiva europea y entrará en vigor el próximo 16 de junio.
A pesar de ello, las conclusiones no son vinculantes, pero en la mayoría de casos las sentencias del TJUE se ajustan a las mismas. Este no es el primer caso español relativo a las hipotecas que termina en manos de la justicia europea.
Esta misma semana la Corte con sede en Luxemburgo sentenció sobre las cláusulas de vencimiento anticipado declaradas abusivas por la justicia española y en diciembre de 2016 se pronunció sobre las cláusulas suelo en una sentencia favorable al consumidor.
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