"Proponemos un nuevo sistema que se parezca a una corte de justicia, un nuevo tribunal con jueces calificados", que serán nombrados por ambas partes, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, al presentar el proyecto en Bruselas.
"Debemos crear los mismos elementos que los que permiten a los ciudadanos tener confianza en sus tribunales nacionales", afirmó.
Este nuevo tribunal, según la propuesta de la Comisión, estará compuesto de una corte de primera instancia y una cámara de apelaciones.
La UE y Estados Unidos negocian desde 2013 un tratado de libre comercio que, de concretarse, crearía la mayor área de libre comercio del mundo. El objetivo es cerrar el acuerdo en 2016.
Uno de los puntos que bloquean la negociación es el de los tribunales arbitrales, conocidos como ISDS (Investor-state dispute settlement).
Los estadounidenses exigen estos procedimientos, que permiten pasar por encima de las jurisdicciones nacionales. Por eso, sus críticos los consideran como un portillo para que las multinacionales puedan ignorar las políticas públicas.
La querella presentada en 2010 por Philipp Morris contra Uruguay, que aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, suele ser citado como un ejemplo por los detractores de este mecanismo.
Alemania se opone a estos tribunales, pero España está a favor e incluye generalmente esas cláusulas en las inversiones de sus multinacionales en terceros países, lo que le permitió por ejemplo a la petrolera Repsol recuperar su inversión tras la expropiación de YPF por Argentina.
Para evitar que las multinacionales ignoren las políticas públicas, "el derecho de los gobiernos a reglamentar estará inscrito y garantizado en las disposiciones de los acuerdos de libre comercio", subrayó Malmstrom.
Además, "la capacidad de los inversores para iniciar una acción ante el tribunal se definirá de manera precisa y se limitará a casos como la discriminación sexual, racial, vinculada a la religión, la nacionalidad, la expropiación sin indemnización o la denegación de justicia", precisó la Comisión en un comunicado.
En el acuerdo también se incluyen garantías que precisan que los gobiernos respetarán "algunos principios fundamentales sobre el trato a los inversores extranjeros".
Estos anuncios no tranquilizaron a los opositores al acuerdo, en particular los eurodiputados de los Verdes.
"Es una cortina de humo que apunta a hacer que los cuchillos de carnicero se parezcan a cuchillos para manteca", reaccionó el francés Yannick Jadot que estimó que no aporta ninguna respuesta a "las críticas fundamentales" al sistema de arbitraje.
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