La ultraderecha agita Suecia con el gasto social para los inmigrantes como ariete

Suecia, la economía más potente del Norte de Europa, ejemplo recurrente de aplicación casi perfecta del modelo del estado del bienestar afronta este domingo unas elecciones generales y locales que pueden dar un vuelco radical en la composición política del Parlamento. La ultraderecha, que ya se ha ido abriendo paso en otros países del Viejo Continente, podría ser el partido bisagra que decida el próximo Gobierno de Estocolmo y que haga cambiar un gabinete formado por socialdemócratas, verdes y el apoyo puntual de los excomunistas por otro de corte completamente opuesto.

Este ascenso de la derecha más radical, como ha sucedido también en otros rincones europeos, se está produciendo a lomos del uso político de los datos de la inmigración. En todas las crónicas que abordan los comicios de hoy, una cifra recurrente, la de los 163.000 solicitantes de asilo recibidos en 2015 por Suecia, la cfra per cápita más alta de la UE. Huyendo de Siria, esta ola de refugiados colapsó el sistema de acogida sueco y ha empujado al país con la política de asilo más generosa de la Unión a no cortarse en el impulso de las políticas más restrictivas.

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Todo ello, pese a que la economía sueca ha crecido holgadamente por encima del 3% en los dos primeros trimestres del año 2018, casi un punto mejor que la media de la zona euro y encadenando una veintena de trimestres seguidos creciendo, la mejor racha de su historia junto a la de finales de los 80. Sin embargo, hay más sombras que la cifra de inmigrantes per cápita para redondear el ariete usado por la ultraderecha.

Por ejemplo, los globales que apuntan a que el número de inmigrantes que han desembarcado en la economía sueca asciende a unos 600.000 en los últimos cinco años en un país que no llega a diez millones de población. Este flujo tiene consecuencias como que la tasa de paro entre los no nacidos en Suecia sea del 20% (una cifra más propia de los países del sur de Europa) frente al 6,8% de media. 

Aun así, Suecia tiene todavía unos 100.000 empleos vacantes que ofrecer. Ocurre en el sector industrial, donde todas las nuevas solicitudes se cubren con mano de obra foránea o el 90% de los puestos que se requieren para atender el estado del bienestar (sobre todo, en la salud y cuidado de ancianos), según informa Bloomberg. La ministra de Finanzas del Gobierno saliente, Magdalena Andersson, llegó a decir hace un par de semanas que los inmigrantes ahora consiguen un empleo el doble de rápido que hace una década.

Entonces, ¿cuál es el problema? Que se lo pregunte, sin ir más lejos, la ministra al Expert Group on Public Economics, un comité de expertos vinculado a su Departamento que lleva todo el 2018 publicando informes sobre el impacto de la inmigración y que saca conclusiones como que cada inmigrante supone un gasto neto para las arcas públicas suecas de 8.000 dólares al año… para toda la vida. De remate, uno de los autores de uno de esos informes puntualiza que los refugiados “raramente” tienen la capacitación y educación mínimas para desempeñar un puesto de trabajo en Suecia.

Con este clima enrarecido, durante la campaña electoral en Suecia de los últimos días, la inmigración y la delincuencia (y no pocas veces la vinculación entre ambas) han sido por primera vez cuestiones dominantes y han restado protagonismo a asuntos habituales como el modelo de bienestar, los impuestos y la sanidad. Es decir, aquello por lo que Suecia siempre ha mirado por encima del hombro al resto del primer mundo.