El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está dispuesto a renunciar a la cláusula de garantía salarial en el acuerdo marco que negocian con la patronal siempre que la alza pactada sirva para recuperar "clarísimamente" el poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante la crisis. Sordo asegura que si el pacto contempla subidas que se aproximen al 3%, "no es tan importante" incluir cláusulas de garantía vinculadas a la inflación, que prevén que se sitúe en torno al 1,6% en 2018.
Para Sordo no hay "líneas rojas", sino piezas "que se engranan" en las conversaciones para sacar adelante el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en las que el sindicato está inmerso junto a UGT y las patronales CEOE y Cepyme desde hace meses.
Los sindicatos plantearon una alza salarial del 3,1% (1,6 % de la inflación prevista más un 1,5 % para recuperar el poder adquisitivo), así como un salario mínimo para los convenios de 1.000 euros y recuperar la cláusula de garantía salarial. En opinión de Sordo, alcanzar ese salario mínimo de 1.000 euros facilitaría asimismo el acuerdo "porque es ahí donde está la gran devaluación", en tanto que también es determinante para CCOO que el pacto sea plurianual y que se incluyan medidas contra la precariedad que frenen la excesiva temporalidad y el abuso de la subcontratación.
Sordo asegura que los sindicatos "no tienen miedo" a situar la productividad como una variable a la hora de pactar el subida salarial, algo que la patronal lleva años recomendando, una alza que ahora pide ligar a otras cuestiones "provocadoras" como absentismo, formación, afiliación a la Seguridad Social o el PIB. Por ello acusa a la CEOE de "moverse en un continuo regate en corto" y de aplicar el "donde dije digo, digo Diego". Pese al anuncio de movilizaciones para presionar a la patronal, ve "posible y factible" lograr un consenso, aunque no "fácil", y advierte de que en caso de bloqueo "no habrá un fracaso pacífico" de la negociación.
A la movilización del 22 de mayo se sumará otra en junio, que "será potente" y buscará transmitir un mensaje claro: "si no hay acuerdo salarial de reparto de la riqueza, habrá lío". Sordo recuerda que, mientras los beneficios de las empresas son 36.000 millones superiores a antes de la crisis, los salarios siguen devaluados un 7% y, los más bajos, un 22%.
De la devaluación salarial Sordo culpa a la reforma laboral de 2012 "que ha ofrecido a la parte más pirata del mundo empresarial la posibilidad de rebajar las condiciones de trabajo" a través de la subcontratación. Defiende que sólo modificando los artículos del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación y prevalencia del convenio de empresa se produciría una importante mejora en un sector como el de las empresas multiservicios, que "no por casualidad" ocupa mayoritariamente a mujeres.
"Situaciones como las de las camareras de piso cambiarían", dice Sordo, que asegura que Mariano Rajoy ha tomado el pelo a las denominadas "Kellys" al decirles que va a tratar de frenar las externalizaciones cuando ha sido el propio Gobierno el que "ha modificado las leyes para que los salarios se devalúen". En julio cumplirá un año al frente de CCOO, del que asegura que ha sido un periodo muy intenso, de asambleas en el ámbito interno y de negociación y movilización en el externo, con una recuperación de la afiliación que sitúa al sindicato como "herramienta fundamental" para consolidar los derechos laborales, tratar de subir los salarios e intentar mejorar el sistema de protección social.
Reconoce que hay que reforzar esta faceta del sindicato en un mundo laboral cambiante y en un momento en el que surgen nuevos movimientos de reacción ciudadana que claman por un reparto más justo e igualitario de la riqueza. "El sindicato va a tener que convivir con nuevas formas de expresión del descontento", afirma Sordo, que por otra parte asegura que la unidad de acción con UGT es "indudable" y con unas líneas estratégicas compartidas "muy nítidamente", lo que no implica tener la misma visión en todo.
Sordo no se fía de las medidas en materia de pensiones que está planteando el Gobierno por la presión de la reacción social y afirma que "la necesaria mejora de las prestaciones más bajas no puede ir en detrimento de una revalorización del conjunto de las pensiones", incluidas las más altas, para que nunca pierdan poder adquisitivo. No solo eso, califica de ocurrencia la intención de gravar a las grandes empresas de la economía digital y reclama un debate fiscal integral para aumentar los ingresos.
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