Los controladores aéreos vuelven a cargar las tintas. Catorce de los 133 trabajadores acusados por la huelga de diciembre de 2010, han solicitado la difusión de las conversaciones grabadas en aquellos días por el gestor aeroportuario Enaire. La vista oral, en base a la acusación por un delito de abandono de función pública que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de veinte horas y afectó a 600.000 pasajeros, ha comenzado este miércoles.
De los 133 acusados, 119 ya han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido los hechos, admitiendo multas de 30.000 euros y penas de cinco meses de cárcel para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados. Los catorce restantes, que no han llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, tienen de plazo para ello hasta el próximo día 29, y son sus abogados los que han pedido la difusión de las conversaciones; entre ellos figura el que fuera portavoz durante la huelga, César Cabo, que en principio está citado para el 29 de enero.
En la primera sesión del juicio, a la que han acudido 30 controladores -22 de ellos conformados y el resto como público-, se han dirimido las cuestiones previas, entre ellas la difusión de los las conversaciones grabadas por Enaire durante la huelga que se llevó a cabo entre el 3 y 4 de diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución. No obstante, a falta de lo que decida la magistrada Margarita Valcarce, dificultades técnicas impiden que se puedan emitir las imágenes, lo que provocaría un aplazamiento que podría prolongarse dos meses, hasta que se resuelvan.
Antes del inicio de la sesión, el portavoz de USCA, Daniel Zamit, ha explicado que los controladores se enfrentan a "un juicio político, como fue político el cierre del espacio aéreo en 2010". Asimismo, ha negado que la huelga de 2010 fuera "salvaje", y ha recordado que en "veinte juzgados de toda España los controladores han sido absueltos", con argumentos que "parece que en Madrid no valen". El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones con USCA del segundo convenio colectivo del sector.
También acusaciones particulares
Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero de ese año el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999. Después de varios meses de negociaciones infructuosas, se decretó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, una vez que los controladores abandonaron masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.
En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó por estos mismos hechos a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que todos ellos se declaran culpables del delito de abandono del servicio. En el proceso están personadas también acusaciones particulares, como los afectados representados por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, que acusa sólo a 7 de los controladores que no han conformado.
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