La lucha contra el fraude laboral 'sólo' repercute en 4.048 millones de euros al año, una cantidad que ni siquiera serviría para pagar la mitad de la nómina del pasado mes de noviembre de las pensiones contributivas, que de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ascendió a 8.800 millones de euros.
En total, y desde 2012, el impacto global de las actuaciones contra el fraude en el trabajo ha sido de 20.242 millones de euros. Además, la lucha contra este problema ha aflorado 491.120 empleos irregulares desde que el Gobierno pusiera en marcha su plan de actuaciones en 2012 y hasta octubre de 2017.
Según ha destacado Empleo en un comunicado que recoge las declaraciones de la ministra Fátima Báñez, en esos cinco años se han detectado 6.700 empresas ficticias y se han convertido en indefinidos más de 320.000 contratos que indebidamente eran temporales.
Las cifras de lucha contra el fraude laboral puede ayudar a paliar en parte el problema de déficit que afecta al Sistema... aunque sólo en una pequeña parte. El agujero en las cuentas de la Seguridad Social alcanzó los 19.000 millones de euros el año pasado, convirtiéndose en el farolillo rojo de las Administraciones Públicas.
Este año, el desfase va ya por los 6.858 millones de euros hasta septiembre, según detallaba hace unos días el Ministerio de Hacienda. En el plan presupuestario enviado a Bruselas el Gobierno de Mariano Rajoy contempla que la desviación entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social llegue a situarse al cierre del ejercicio en el entorno de los 16.200 millones de euros.
Más de 800 nuevos inspectores a la caza del fraude
Durante la entrega de diplomas a 66 nuevos subinspectores laborales, Báñez ha explicado que entre 2012 y 2018 se habrán incorporado 845 nuevos inspectores y subinspectores en el marco de las ofertas públicas de empleo previstas.
La ministra ha elogiado su trabajo y asegura que de ellos también "depende la sostenibilidad del sistema de pensiones". Asimismo, ha incidido en lograr "un mercado de trabajo más justo", así como en atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social.
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