No se puede hacer nada desde el Gobierno para ofrecer una mayor protección a los repartidores de comida a domicilio, como Deliveroo o Glovo. Ni tampoco a los conductores que trabajan para Uber o Cabify. Es la conclusión a la que llega el Ejecutivo de Mariano Rajoy después de múltiples peticiones de los afectados. El Ministerio de Empleo no entra a valorar si la relación que existe entre los 'drivers' o los chóferes y las empresas es "laboral", lo que daría pie a un terremoto en este sector.
"La existencia de una relación laboral no depende de cómo se denomine a la actividad sino de la propia naturaleza de la misma y de si ésta reúne todos los elementos definitorios como tal". Esta es la ambigua respuesta del Gobierno al diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, que solicita en una pregunta parlamentaria la regulación de las condiciones de los trabajadores que desempeñan su actividad en el traslado de personas o en el reparto de pedidos tales como Uber, Cabify, Deliveroo, Just Eat o Glovo, entre otras.
En un alarde de derecho laboral, pero sin mojarse sobre qué tipo de relación existe, el Gobierno explica a Alberto Rodríguez por qué no puede hacer nada contra estas empresas. En primer lugar se remite al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores: "Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario".
El Ejecutivo añade que en una relación laboral se dan una serie de condiciones: "Personal (individualidad), voluntaria, por cuenta ajena (ajenidad), retribuida y dependiente (dependencia y subordinación al empleador)". No entra, en cambio, en este caso. Hay que recordar que los sindicatos han denunciado que existe una "relación laboral encubierta" en el caso de los repartidores de comida a domicilio en bicicleta.
Continúa el Gobierno explicando al diputado de Podemos que "la laboralidad de una relación depende exclusivamente de la realidad de la relación en sí, resultando irrelevante su "nomen iurus" o calificación jurídica otorgada a las partes". Y añade: "Se es trabajador por cuenta ajena, y se tienen los derechos y deberes correspondientes, si concurren las notas definitorias de una relación laboral, existiendo presunción de laboralidad entre todo aquel que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección del otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquél (artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores)".
¿Existe relación laboral, por tanto, entre estas empresas y los riders o conductores? El Gobierno no es concreto y deriva las conclusiones a los trabajos de una Comité de expertos en la materia que se creará en los próximos meses. Este grupo de trabajo elaborará un Libro Blanco para incorporar al debate que tendrá lugar este año en el marco del G-20, tal y como se puede observar en el documento de trabajo.
¿Falsos autónomos?
Intersindical Valencia ha llevado a Deliveroo ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acusando a la empresa de mantener a los repartidores como "falsos autónomos". Aseguran que existiría "una relación mercantil fraudulenta para tratar de esconder una relación de naturaleza puramente laboral", según ha indicado la organización sindical que pide levantar acta de infracción por "falta de afiliación y cotización" y pide dar de alta a los mensajeros en el Régimen General. Según las estimaciones de la Unión de Autónomos Uatae, cotejadas con los datos del INE, en España existen en torno en 210.000 falsos autónomos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios