El Gobierno vasco mantendrá las 35 horas semanales para sus 70.000 funcionarios, pese que el Tribunal Supremo tumbó el pasado febrero la norma vasca que regula la jornada laboral de sus empleados con una sentencia en la que advertía que las regulaciones autonómicas deben de respetar las centrales en materia de jornada.
El Ejecutivo autonómico argumenta su decisión asegurando que el Ejecutivo central está "planteando seriamente" la revisión de la normativa básica en esta materia, con el objetivo de implantar esta jornada en la Administración General del Estado.
Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, en el pleno del Parlamento de Vitoria celebrado este viernes. "El Gobierno vasco no se va a precipitar en tomar decisiones que tengan que ver con la jornada laboral de sus empleados públicos justo cuando el Central está planteando seriamente" y de manera "explícita" la revisión de la normativa básica en la materia, ha replicado Erkoreka.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública aceptó en enero pasado atender diferentes reclamaciones sociales y laborales dentro del ámbito de la Función Pública, entre las que figura la reducción de la jornada laboral a 35 horas. En concreto, el ministro Montoro accedió a estudiar la reducción de jornada en aquellos ámbitos públicos donde regía antes de al crisis económica.
En esa misma comparecencia, el Ejecutivo se comprometió a elevar el sueldo de los funcionarios un 5,25% en tres años (es decir, un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020), porcentaje que podría elevarse hasta el 8% si se cumplen los objetivos de crecimiento económico y reducción de déficit previstos por el Gobierno.
A raíz del supuesto compromiso de Montoro de reducir la jornada, Erkokera aseguró que supondría un gran esfuerzo organizativo cambiar una jornada que "puede quedar en agua de borrajas" si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "en una humorada, se le ocurre modificar, como viene anunciado", esa jornada.
La decisión de Euskadi de rebajar la jornada de sus empleados, fue seguida por Andalucía, enfrentada al Gobierno central en una batalla similar por las 35 horas.
El pasado 15 de diciembre, el pleno del Tribunal Constitucional anuló también la jornada laboral para los funcionarios de la Junta y las 18 horas lectivas semanales para los profesores de esa comunidad autónoma, al argumentar que la regulación de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado.
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