Lorenzo Amor (Córdoba, 1966) es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una organización que agrupa a 300 organizaciones territoriales y sectoriales con cerca de 500.000 autónomos afiliados y con sedes repartidas en las 17 comunidades autónomas. La nueva Ley de Autónomos, que entró en vigor el uno de enero, “ha venido a recoger muchas de nuestras reivindicaciones históricas” y el presidente de ATA no duda en afirmar que en 2018 “la previsión es que haya 65.000 autónomos más y que el conjunto del colectivo cree otros 70.000 empleos asalariados. Es decir, esperamos que los autónomos generen un total de 135.000 empleos netos el próximo año”. Pero también afirma que “hay 500.000 autónomos que no llegan mensualmente a los 707 euros del salario mínimo interprofesional y a ellos hay que resolverles la vida”.
¿Es la nueva ley tan beneficiosa realmente para los autónomos?
Hay 1.800.000 autónomos españoles que se van a beneficiar de
ella. No solamente elimina trabas, sino que mejora la protección social, da seguridad jurídica en materias fiscales, y ayuda al emprendimiento con el tema de la tarifa plana prorrogada a un año. También hará bajar la economía sumergida: 450.000 empleos irregulares afloraron de los casi 1,3 millones de autónomos que se han acogido a ella. Hasta hace una semana un autónomo que se daba de alta, por ejemplo, un 17 de enero, debía pagar todo el mes. Y lo mismo si se daba de baja. ¿En qué cabeza cabe eso en un mundo de tecnología y respuesta inmediata? Poderte dar de alta o baja en el RETA (Régimen Especial de Trabaja dores Autónomos) hasta tres veces al año y que la cuota se ajuste a los días que estás de alta, además de poder cambiar cuatro veces al año la base de cotización es poder ajustar cotizaciones a ingresos y así estar todo lo protegido que quieras estar. ¿Y si te jubilas? Lo mismo. Ya no tendrás que esperar al mes siguiente para empezar a percibir tu pensión. Unos 60.000 autónomos van a beneficiarse de esta medida. Incluidos los jubilados, que, por cierto, van a poder compatibilizar al 100% su pensión de jubilación y la actividad por cuenta propia siempre que tengan al menos a un trabajador a su cargo.
Ustedes reclaman que las comunidades amplíen ahora los 12 meses de
tarifa plana de Ley estatal.
Las bonificaciones de la tarifa plana duran 12 meses. ¿Qué es lo que han
hecho Madrid, La Rioja, Murcia y otras comunidades que lo están
implementando, como Castilla y León en 2019? Pues la comunidad le
permite al autónomo seguir pagando los 50 euros y asume el resto. Esto
significa que cada autónomo podría estar dos años de tarifa plana. ¿Qué
ventajas tiene esto? Pues que aquellos jóvenes y aquellas personas que
empiezan, y que facturan 600 euros y no pueden pagar 275 euros de cuota, los dos primeros años, que son los más difíciles, podrían estar dentro de la tarifa plana hasta que consoliden su actividad”.
Para muchos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional pagar una cuota de 275 euros es asfixiante.
La cuota mínima de 275 euros es elevada para aquel autónomo con
unos ingresos por debajo de 1.000 euros. Pero el 75% de los 3,2 millones
de autónomos en estos momentos declara unos rendimientos netos a
hacienda que superan los 11.000 euros al año, pero hay unos 700.000
autónomos cuyos ingresos no llegan a esa base mínima de 920 euros al mes y tenemos 500.000 autónomos que no llegan a los 707 euros del SMI. A esta gente hay que bonificarla y que puedan estar dentro del sistema. Deberían de poder acceder ellos también a la tarifa plana de 50 euros. Una de las propuestas que hemos hecho en la comisión del pacto de Toledo es que aquel autónomo que tenga unos ingresos entre el SMI y la base mínima de cotización tenga una cotización similar a la de los autónomos de régimen agrario, el SETA, que es del 18,75%, en lugar del 26,75%. Eso permitiría que en vez de pagar 275 euros, pagasen en torno a 180. Que no será mucho, pero es un alivio para muchos autónomos”.
Sigue aumentando el número de falsos autónomos.
En España hay los mismos autónomos que en 2007, lo que pasa es que ha habido un trasvase de sectores. Por ejemplo, hay menos en la construcción, pero en 2007 había 35.000 periodistas autónomos y ahora hay 55.000... Claro, el falso autónomo es una forma encubierta de un trabajador asalariado y la inspección de trabajo debe tener los mecanismos suficientes para combatir esto. Hay que evitarlo no sólo con inspección sino que también hay que evitar que empresas encubran trabajo asalariado en forma de trabajo autónomo. Y para eso hay que dotar de mayor protección jurídica al trabajador autónomo económicamente dependiente, que sí es un autónomo”.
Las deducciones fiscales del 30% en luz, agua, las bonificaciones en
comidas, pernoctaciones… son otro paso adelante de la nueva Ley.
Las nuevas medidas vienen a cubrir viejas reivindicaciones y tienen una
dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros. Es verdad que en el
tema fiscal se ha avanzado, pero el problema es que no hay seguridad
jurídica, todo queda al albur de lo que un inspector de Hacienda decida. Si admite un gasto deducible u otro. Con el tema de que sean deducibles el 30% de los gastos de luz, agua o teléfono del lugar del domicilio que el autónomo dedica a trabajar, aunque me parece escaso, o el del de las comidas, creo que se ha dado un paso adelante importante. Pero en materia de deducciones fiscales tenemos que dar seguridad jurídica. El autónomo tiene que conocer perfectamente cuántos de los gastos que tiene afectos a la actividad se puede deducir y en qué porcentaje.
¿Qué me dice de la morosidad de las Administraciones Públicas?
La trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España
contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago. Aun
teniendo en cuenta este detalle, en general las administraciones incumplen la ley y tardan más de 60 días en efectuar el pago de las facturas a los autónomos. Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas en 2017 son de 70 días, tan sólo dos días menos que en diciembre de 2016 (72 días). Tanto la Administración Central como la Autonómica han fijado sus periodos medios de pago a cierre de 2017 en 49 días, estando dentro de los 60 que establece ahora la ley. Así, cabe destacar el esfuerzo de las administraciones autonómicas que han reducido a lo largo del año que acaba de finalizar sus periodos medios de pago un 23%, pasando de los 64 días de 2016 a los 49 en diciembre de 2017. Por su parte, la Administración Central sí que ha aumentado ligeramente sus periodos medios de pago a lo largo de 2017, pero siempre manteniéndose dentro de lo que establece la ley de morosidad. Así, las administraciones locales pagan de media sus facturas a los autónomos en tres meses, concretamente 91 días (frente a los 80 de diciembre de 2016), siendo la única que incumple plazos y que lejos de querer reducirlos sigue poco a poco aumentando día. Aquí hay alguna administración local que tarda 500 días en pagar y no pasa nada.
No todo es de color de rosa, ya se ve. A los autónomos societarios les
ha subido su cuota un 4%, 14 euros más al mes y pasan a pagar 349
euros.
Los autónomos societarios son los grandes perdedores de que los
intereses particulares de los políticos estén por encima de los intereses
generales de los ciudadanos y no haya Presupuestos Generales este año
todavía. Si los hubiera habido, la base mínima de cotización de los
autónomos societarios no hubiera subido un 4% como lo ha hecho. Esto ha afectado a 530.000 autónomos.
Queda mucho por hacer.
Queremos que los trabajadores por cuenta propia –cuyos ingresos se lo permitan— puedan realizar aportaciones voluntarias a la Seguridad Social al final de cada ejercicio. Eso les servirá para elevar su base de cotización sin modificar su cuota mensual. Es imprescindible que los autónomos que demuestren unos ingresos anuales entre el SMI y la base mínima se les aplique una cotización reducida. Y, los que estén por
debajo del SMI, paguen una tarifa de 50 euros. Es necesario definir la
habitualidad y regular la figura del autónomo a tiempo parcial, rediseñar la prestación por cese de actividad, establecer quitas en las deudas con
Hacienda y la Seguridad Social cuando un autónomo debe liquidar su
negocio y “destopar” las bases máximas a partir de los 47 años”.
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