El Fogasa, que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores de empresas insolventes o en concurso, destinó 591 millones de euros a pagar prestaciones en el último año. Esta cantidad supone un descenso del 43% respecto al ejercicio anterior y marca la menor cifra desde el año 2008, cuando arrancó la crisis económica.
El nivel máximo de abonos por parte del Fogasa se produjo en 2014, cuando tuvo que pagar 2.289 millones de euros en prestaciones y, desde ese momento, acumula tres años consecutivos de descensos. Del importe total abonado en el último ejercicio, 376 millones se destinaron a indemnizaciones y otros 214 millones a salarios.
El año pasado, el Fogasa tramitó un total de 68.815 expedientes que afectaban a 23.714 empresas, un 35% menos, y a 90.321 trabajadores, un 39% menos que el año previo. Del total de afectados, 54.818 eran hombres y 35.155 mujeres, mientras que en 348 casos no constó ese dato.
En función del motivo de la solicitud de abono, 313 millones respondieron a una ejecución laboral, 275 millones a un procedimiento concursal y 2,4 millones a indemnizaciones de responsabilidad directa. Teniendo en cuenta la actividad empresarial de las compañías afectadas, Fogasa destinó la mayor cuantía a empresas de la industria manufacturera (118 millones) y a las englobadas en la categoría otros servicios (109 millones).
Por detrás, se situaron el comercio mayorista, minorista y de reparación de vehículos y motocicletas (94 millones), así como la construcción (80 millones). La cuantía destinada es inversamente proporcional al tamaño de la empresa, de forma que las de menos de 24 trabajadores acumulan el mayor importe (416 millones), seguidas de lejos por las de entre 25 y 49 (61 millones) y las de 50 a 99 trabajadores (36 millones).
Por comunidades autónomas, el mayor importe repartido por Fogasa en 2017 fue a parar a trabajadores de Madrid, con 101 millones, seguida de Cataluña, con 91 millones, y Andalucía, con 81 millones.
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