El Gobierno se encuentra a un paso de retocar algunos de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral del PP. De esta forma Sánchez cumplirá parcialmente la promesa que hizo en la oposición de derogar la ley estrella de Rajoy y Fátima Báñez en materia de empleo si llegaba a La Moncloa. La fórmula escogida por el Ejecutivo es un real decreto con seis medidas que se está negociando con los sindicatos y en el que los empresarios, representados por la renovada CEOE en manos de Antonio Garamendi y Cepyme, han quedado esencialmente al margen por las divergencias que existen. Se aprobará en consejo de ministros antes de final de año.
El paquete de seis medidas urgentes está siendo negociado en el seno de la Mesa de Diálogo Social entre el Ministerio de Trabajo y los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, pero los empresarios han decidido desmarcarse en la mayoría de los acuerdos. Gobierno y centrales sindicales no quieren dejar pasar la oportunidad que les ha brindado la llegada de Sánchez a La Moncloa y, ante la amenaza de un adelanto electoral, quieren imprimir cierta prisa en estas reformas. Se trata de unos acuerdos que llevarían el marco laboral de vuelta a enero de 2012 (justo antes de la entrada en vigor de la reforma que implantó el PP para flexibilizar el anquilosado mercado laboral español), por lo que todo se está negociando a contrarreloj con el objetivo de acabar el año con todo aprobado.
Las seis medidas urgentes
En este paquete laboral que va a aprobar el Gobierno sí o sí en uno de los últimos consejos de ministros de este 2018 se incluyen las siguientes medidas: la posibilidad de que los convenios posibiliten la extinción de un contrato por cumplimiento de la edad de jubilación. El objetivo es facilitar el relevo generacional, de forma que la medida estará vinculada a que el trabajador cumpla los requisitos exigidos por la Seguridad Social para tener derecho a la pensión completa y a que, efectivamente, se cree un nuevo puesto de trabajo. Esta es la única medida con la que CEOE se muestra de acuerdo.
Trabajo y sindicatos también han acordado la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años (desde los 55 años actuales), acabar con la prevalencia -incondicional y acausal- del convenio de empresa sobre el sectorial y permitir la ultraactividad de estos convenios para que conserven su vigencia durante los periodos de negociación. En estas tres medidas ya hay acuerdo cerrado entre ambos negociadores, salvo en un aspecto relativo a la prioridad de los convenios sectoriales. Y es que los sindicatos quieren que la medida entre en vigor automáticamente pero el Ejecutivo socialista mantiene algunas reservas al respecto.
Problemas con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores
Uno de los mayores escollos en las negociaciones está siendo la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, el relativo a la subcontratación. No termina de haber sintonía total. El Gobierno plantea que a los trabajadores de la contrata o subcontrata se les apliquen las condiciones laborales y de empleo "esenciales" que rigen sobre los trabajadores de la empresa principal. Aquí se incluiría la remuneración y cuantía salarial, las condiciones de contratación, el tiempo de trabajo y descanso, la distribución de la jornada, las medidas de igualdad, la protección de la maternidad y paternidad, la lactancia y la prevención de riesgos laborales. Los sindicatos, en cambio, buscan que se les aplique la totalidad de las condiciones incluidas en el convenio de referencia.
Gobierno y sindicatos también han acordado implantar un registro horario obligatorio para controlar la jornada laboral y, por extensión, evitar los abusos y el fraude en las horas extraordinarias. Según datos extraídos de la EPA, cada semana se realizan 6,8 millones de horas extra de las cuales casi la mitad (un 44%) no son remuneradas ni compensadas. El control de esos horarios generaría unos jugosos ingresos a la Seguridad Social, consideran las fuentes negociadoras. Los empresarios -añaden- se han mostrado "bastante alarmistas" con esta medida que también se aprobará sin su concurso.
Además de este paquete séxtuple, Gobierno y sindicatos tienen sobre la mesa una séptima medida que todavía están valorando. Se trata de una propuesta relacionada con los ERE y que busca ampliar el plazo para los periodos de consultas y de negociación, así como la novedad de que vuelva a recuperarse a la intervención de la autoridad laboral en la tramitación de los expedientes. De momento no ha habido avances en esta materia.
Habrá decreto aunque la CEOE se desmarque
La patronal, por tanto, se ha quedado fuera de los principales acuerdos debido a su negativa a negociar aspectos esenciales: "Se han cerrado en banda en algunas cuestiones", afirman desde el otro lado de los contactos. El pasado lunes se celebró una reunión en la Mesa de Diálogo Social que acabó por evidenciar estas diferencias de Gobierno y sindicatos con la patronal. La siguiente cita es el próximo día 5 de diciembre, un cónclave en el que hay puestas grandes esperanzas para poder cerrar un acuerdo definitivo -explica a La Información la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente- y acabar así con las diferencias que rodean, esencialmente, a la modificación del polémico artículo 42.
A Sánchez, en definitiva, se le han complicado los Presupuestos de 2019, pero estas medidas le servirán para reconciliarse con una clase trabajadora que anhela acabar con buena parte de la reforma laboral del PP. Será, por tanto, un parche que saldrá adelante aunque la CEOE se quede fuera. "La Mesa de Diálogo Social no es de debate y las propuestas no es necesario que se aprueben por unanimidad", sentencian las fuentes implicadas.
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