Las ayudas al carbón alejan al Gobierno central y al de Castilla y León

Madrid, 12 jul.- La reducción de las ayudas al sector del carbón y las movilizaciones que estos días han protagonizado los mineros del norte de España han alejado a los gobiernos central y regional de Castilla y León, ambos del PP y que ahora mantienen intereses contrapuestos difíciles de solventar.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree que ningún sector puede escapar al ajuste presupuestario para sacar a España de la crisis y ya ha dicho que no tiene intención de dar marcha atrás en sus planes de recorte de las ayudas al carbón porque el sistema, según lo establecido por la UE, "finaliza sí o sí en 2018".

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que la "voz" de su comunidad "se seguirá oyendo" para evitar la "eliminación" de la minería del carbón.

El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, insistió anoche en "El debate" de TVE que no se puede modificar la rebaja a las ayudas al carbón para este año, que no hay margen para evitarlo y espera que no sufran otra disminución con el ajuste adicional en los presupuestos por la aplicación del acuerdo de no disponibilidad anunciado ayer por Rajoy.

En diciembre de 2010 el Consejo de la UE aprobó el fin de las ayudas a las minas deficitarias de carbón, situadas principalmente en el noroeste de España, la cuenca del Ruhr (Alemania) y el valle rumano del Jiu para 2018, cuatro años después de lo previsto.

Hasta entonces se retirarán progresivamente los subsidios y, llegado ese año, las empresas tendrán que demostrar que son viables sin más ayudas públicas o cerrar.

Las cuencas mineras españolas, concentradas en León y Asturias, se encuentran en huelga indefinida como respuesta al recorte de las ayudas al carbón en un 63 % recogido en los presupuestos para este año, unas protestas que culminaron ayer con una manifestación en Madrid.

El Gobierno considera que las empresas del carbón deben explicar a trabajadores y ciudadanos en qué han invertido las ayudas que han recibido por parte del Estado, según fuentes gubernamentales.

Han recordado que el Plan de la Minería del Gobierno no afecta a las prejubilaciones de los trabajadores, sino a las ayudas públicas que reciben las empresas del sector, que son "las más altas" del tejido industrial español.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró a finales de junio que los mineros prejubilados con los anteriores planes de reconversión del sector cobran una pensión "muy razonable" gracias a la solidaridad de los españoles y defendió que el Gobierno cumpla con los planes de cierre ordenado de esta industria.

Báñez reiteró que el Ejecutivo cumple con el compromiso pactado con la UE de cerrar las cuencas mineras en 2018 y recordó que los cuatro planes de reconversión del sector conllevaron unas prejubilaciones para trabajadores de más de 52 años y que la mayoría tenían 42 y cobran actualmente 2.100 euros al mes, "una pensión muy razonable", insistió.

Herrera, que afirmó ayer que "el conflicto se tiene que reconducir" y rechazó "la aplicación sin más del brusco recorte" de ayudas, ha pedido reiteradamente al Ejecutivo soluciones a un recorte que considera "excesivo y brusco".

Además de sus declaraciones en defensa del sector de la minería, Herrera ha enviado misivas a Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y Soria.

El presidente castellanoleonés afirma en esas cartas que el recorte a la minería "puede poner en peligro la actividad del sector, que contaba con esas ayudas" y urge al Gobierno a mantener el diálogo para alcanzar soluciones.

Incluso delante de Sáenz de Santamaría, en la clausura del congreso autonómico del PP el 22 de mayo, Herrera dijo que no va a "poner una alfombra" al Gobierno.

Sin embargo, para Rajoy los recortes en los fondos mineros van en consonancia con lo acordado en la UE y tienen que ver con el "bajo grado de ejecución" de los últimos años.

El 5 de junio en el Senado, Rajoy, en respuesta a un senador de Foro, lamentó que las comunidades no gasten las cantidades que figuran en los presupuestos y luego le "echan la culpa" al Gobierno.

Explicó que entre 2002 y 2011 se ejecutaron sólo el 41 % de los fondos de infraestructuras presupuestados y el 39 % de lo presupuestado para proyectos empresariales generadores de empleo en el sector minero.

"Es decir que los gobiernos autonómicos, como el de Asturias, no se gastan las cantidades que figuran en los presupuestos generales y luego le echan la culpa y pretenden que los demás asumamos las responsabilidades que son propias de ellos", dijo Rajoy, que en ningún momento citó a Castilla y León.

Mucho más suave ha estado Juan José Lucas, vicepresidente primero del Senado y expresidente de Castilla y León, quien ha animado a hacer un esfuerzo por parte de todos para solucionar el conflicto abierto en las zonas mineras.

En el ámbito político, este ajuste presupuestario también ha tenido consecuencias ya que el senador por León Juan Morano, un clásico del PP, votó a favor de las enmiendas socialistas al proyecto de ley de los presupuestos que recogían el recorte.

Morano fue suspendido temporalmente de militancia por "deslealtad" a raíz de sus opiniones contra el Gobierno y el PP, después de que el partido anunciara que le abría un expediente. El senador leonés ha dejado el Grupo Popular para incorporarse al Mixto.