Los responsables de las comunidades autónomas no han querido salirse del camino marcado por el presidente Pedro Sánchez en los dos últimos meses para captar el voto de los empleados públicos -2,5 millones en toda España- de cara a los comicios generales que se celebrarán el 28 de abril y los locales y autonómicos del 26 de mayo y se han sumado, con todos los medios económicos a su alcance, al órdago electoral del Gobierno central lanzando ofertas de empleo público desconocidas en décadas, aprobando mejoras y ascensos laborales en sus administraciones o convirtiendo a miles de interinos en fijos.
Si Sánchez, con un presupuesto prorrogado y en el tiempo de descuento, ha logrado subir el salario mínimo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) hasta 1.136 euros -200 euros más que el resto de los trabajadores-; ha aumentado el sueldo de los funcionarios un mínimo del 2,25%, el mayor incremento desde 2008; y se ha comprometido a aprobar una histórica oferta de empleo público -más de 30.000 plazas-, autonomías como Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León no han querido quedarse atrás en sus compromisos y medidas.
Algo más de la mitad de los empleados públicos trabajan en administraciones autonómicas y suponen alrededor del 15% de los ocupados. En algunas comunidades, como Extremadura, se supera ampliamente ese porcentaje y suponen uno de cada cuatro trabajadores. Ahora, después de años de recortes y limitaciones, los responsables políticos confían en que los 'cebos' económicos y laborales de estos últimos meses sirvan al menos como argumento electoral para hacerse con este importante nicho de votos cualificado y que trabaja, fundamentalmente, en el entorno urbano.
Puig impulsa una oferta de empleo histórica
El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha decidido adelantar los comicios autonómicos al próximo 28 de abril para hacerlos coincidir con las elecciones generales "con el objetivo de dar visibilidad a la región". Más allá de los intereses estratégicos y del adelanto de la convocatoria electoral, los responsables de la autonomía no se han quedado atrás con su propuestas a los actuales funcionarios y a aquellos ciudadanos que tienen pensado serlo.
Este 2019 será un año especialmente atractivo para los opositores en la Comunidad Valenciana. Después de varios ejercicios sin convocar nuevas plazas, la Generalitat sacará en los próximos meses cerca de 4.000, que tratarán de compensar las no convocadas en 2017 y 2018. Una parte importante estará destinada al personal que ya trabaja en la Administración -si bien el acceso no estará restringido - y el resto de la convocatoria está diseñada para captar nuevos funcionarios después de años de recortes que ha provocado un envejecimiento de la plantilla. Puig también impulsará un ambicioso plan de formación para funcionarios, que ha obligado a elevar el presupuesto para esta partida un 132%.
La Junta PP-Cs hace promociona a 7.200 empleados
Pese a que Andalucía no celebra comicios autonómicos, los nuevos responsables de la Junta, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, se han 'volcado' con los empleados públicos. El Gobierno aprobó hace cuatro días un decreto para convertir en fijos a 7.215 trabajadores temporales e interinos que trabajan en la Administración General y en el sector docente. De esta forma, el Ejecutivo de centroderecha ha retomado los planes del anterior Gobierno de Susana Díaz y ha logrado contentar a un buen número de empleados y, sobre todo, a los sindicatos, que han aplaudido la iniciativa, en la que se primará la experiencia y facilita la promoción de los que ya trabajan en la Administración.
También el tándem Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos), en la comunidad con más electores y más funcionarios, ha querido complacer a los funcionarios de Justicia, que tendrán una subida en nómina de 90 euros mensuales, un incremento salarial al que se había comprometió Díaz. El aumento supone una modificación presupuestaria por importe de 4,2 millones de euros para el presente ejercicio, mientras que en los presupuestos que se elaboren para los años 2020 y 2021 se incluirían partidas de 4,2 millones y 2.4 millones, respectivamente.
Castilla y León apuesta por la carrera profesional
El próximo miércoles, las Cortes de Castilla y León aprobarán -en principio con los votos a favor del Grupo Popular y el apoyo de Ciudadanos- la proposición de ley del PP de la carrera profesional, una iniciativa que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros. La medida permitirá a los empleados públicos con más de cinco años de antigüedad someterse a evaluaciones para conseguir el reconocimiento de categoría con su correspondiente complemento retributivo. Su nómina podría aumentar entre 564 y 2.392 euros anuales y la primera convocatoria podría celebrarse este mismo año, según el diario Abc.
También en Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco han hecho guiños a los funcionarios. En esta última comunidad, la Consejería de Educación del Gobierno vasco ha puesto en marcha la mayor Oferta Pública de Empleo en este área en los últimos 25 años. En total, se convocarán 1.867 plazas y los exámenes tendrá lugar en junio. Por su parte, los empleados públicos de Castilla-La Mancha recuperan su jornada de 35 horas semanales, una iniciativa que ha logrado el consenso de los tres grupos representados en la Cámara - Partido Socialista, PP y Podemos-.
Mientras, en la Región de Murcia, donde los sindicatos están siendo especialmente combativos con las propuestas del Gobierno autonómico del Partido Popular, se ha tirado de Presupuesto para que los funcionarios recuperen parte del salario que perdieron durante la crisis debido a los recortes. En febrero han recibido el 75% del complemento autonómico de la paga extra de diciembre de 2013, lo que ha supuesto más de 32 millones y un plus salarial medio para los empleados que supera los 500 euros.
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