La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió a su primera reunión con los consejeros autonómicos de Hacienda en 17 meses con un pack de medidas para tratar de resolver de un plumazo el enredo por el impago por parte del Estado de una mensualidad del IVA que le correspondía a las comunidades autónomas por el ejercicio de 2017 y que, en principio, habría dejado a los gobiernos autónomicos sin 2.500 millones de euros para gastar en el recién cerrado ejercicio presupuestario de 2019.
El paquete de medidas paliativas intentaba cubrir todas las dimensiones. Por un lado, Hacienda se compromete a no tener en cuenta la desviación presupuestaria acumulada en 2019 que se puede imputar a no haber contado con esos recursos en su caja. El asunto es relevante porque permitirá a las autonomías que ya tenían en cuenta esos recursos no tener que someterse a las restricciones de tener un Plan Económico-Financiero por el solo hecho de no haber recibido ese dinero del Estado.
Por otro, la ministra ha anunciado un fondo extra para financiar a coste cero el desequilibrio generado por esta circunstancia. Y, por último, un regalo extra: una senda de reducción del déficit suavizada para que las comunidades autónomas, que según los datos de avance que Hacienda trasladó este viernes cerraron el año 2019 con un desequilibrio real (sin tener en cuenta el IVA) del 0,3% , tengan sólo que ajustar una décima por año hasta llegar al equilibrio presupuestario en 2022, un año después de lo previsto en su propia planificación y dos años después de lo previsto en la senda oficial de déficit del Reino de España.
Medidas para paliar el efecto de no haber dispuesto de esos 2.500 millones de euros en 2019, pero ningún compromiso de abonarlos en 2020. Y eso no ha gustado a los gobiernos autonómicos, ni a los del PP ni a los del PSOE, que como en el caso de Castilla-La Mancha manifestaron a la salida de la maratoniana reunión de casi cinco horas su "decepción" con este asunto.
Montero tenía sus argumentos. "Todas las comunidades autónomas se han gastado ese dinero en 2019 y lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es paliar en la medida de lo posible el efecto de esa desviación. Si les pagáramos esos 2.500 millones en 2020 les estaríamos permitiendo gastarse ese dinero dos veces". Porque el enrevesado efecto del cambio de sistema de ingreso del IVA se limita, al parecer, al ejercicio de 2019, cuando en efecto las comunidades autónomas recibieron 2.500 millones de euros menos de lo que les correspondía, pero no se repite en los años siguientes. Al habérselos gastado y al haber aceptado Hacienda esa decisión unilateral de los gobiernos autonómicos, entiende que ya no corresponde compensación alguna.
Pero las comunidades autónomas no están satisfechas con la solución. Algunas como la Comunidad de Madrid, Galicia, Murcia, Cataluña o Andalucía ya han interpuesto sus reclamaciones antes los tribunales y otras socialistas como Castilla-La Mancha han pedido informes jurídicos preliminares para hacerlo, como han reconocido este viernes, si bien no han tomado la decisión política de hacerlo.
Déficit asimétrico
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, salió de la reunión manifestando su preocupación por que la ministra hubiera abierto la puerta a permitir el establecimiento de objetivos de déficit distintos en función de cada una de las comunidades autónomas, quebrando lo que hasta ahora ha sido un principio inflexible del Consejo de Política Fiscal: el establecimiento de objetivos iguales para todas las comunidades autónomas.
La ministra de Hacienda admitió que el asunto se había puesto de manifiesto en la reunión, pero descartó haber asumido o abierto la puerta a un planteamiento así. "Es inviable", remachó, no después de explicar que 'de facto' esta asimetría ya se produce porque hay comunidades autónomas que por su situación financiera no pueden llegar al objetivo marcado para el conjunto y otras que justo por lo contrario ofrecen un colchón que permite compensar las desviaciones extra que tienen las comunidades autónomas en peor situación financiera.
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