Las CCAA lanzan una ofensiva para que sus funcionarios recuperen las 35 horas

  • La reducción de jornada está vinculada al cumplimiento de tres objetivos macro, pero las incumplidoras han buscado vías alternativas para aplicarla.
Fotografía funcionarios
Fotografía funcionarios
EFE

Las administraciones autonómicas se han lanzado a recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para sus funcionarios, un derecho que los empleados públicos perdieron en 2012 tras la aprobación de un Real Decreto que fijaba el tiempo de trabajo semanal en 37,5 horas con el principal objetivo de ahorrar costes en personal en una coyuntura de profunda recesión. Una vez constatado el final de la crisis, el año pasado,  el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió abrir nuevamente la puerta a que las regiones cumplidoras con la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y los objetivos de deuda pudieran negociar la reducción de jornada, algo que muchas ya han hecho y que otras harán en los próximos meses.

La última que ha decidido dar el paso ha sido la Junta de Castilla y León, que tras negociar con los sindicatos, pedirá al Gobierno central que certifique que ha cumplido con la regla de gasto para poder poner en marcha la medida después de constatar que ha hecho los deberes en lo referente a los otros dos requisitos -el déficit y la deuda- que se establecían en la legislación básica para poder hacerlo. El acuerdo, que afectaría a 85.000 empleados, ha sido valorado por los sindicatos, que sin embargo instan a que se ponga en marcha de forma inmediata.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Castilla y León, Carlos Julio López, detalla a La Información algunos aspectos del acuerdo y destaca que ya hubo un pacto el pasado año en el que se instaba a la recuperación inmediata de las 35 horas -sin necesidad de negociar para llegar a un nuevo acuerdo- cuando no hubiese impedimento legal para hacerlo, como sucede ahora. López también apunta que en la Junta ya se contempla esa jornada para los meses de verano, desde el 1 de junio y hasta el 3o de septiembre.

El dirigente sindical admite que si existe constancia de que se ha cumplido con la regla de gasto, como reconoce la Junta, no sería necesario esperar a que lo tenga que certificar el Gobierno central y que la medida podría aplicarse de forma inmediata. Asegura que más bien parece una maniobra de distracción por parte del Gobierno regional para alargar los plazos y evitar nuevos gastos en 2019, al tiempo que destaca que a la Junta le interesa anunciar la medida, aunque no se materialice de manera inmediata, a las puertas de las elecciones autonómicas.

Desde que el año pasado se abrió la vía para poder negociar en las comunidades jornadas distintas a la general -siempre cumpliendo los criterios- han sido solo algunas, como Andalucía o La Rioja, las que han emprendido ese camino. Sin embargo, otras, incluso incumpliendo, también han buscado el subterfugios para lograr una jornada efectiva aproximada a la 35 horas, como Extremadura. En el periodo de limitaciones de 2012 a 2018 también fueron muchas regiones las que se saltaron la regla de Mariano Rajoy, argumentando que la fijación de jornada era competencia autonómica, pero su decisión fue tumbada por los tribunales.

El Gobierno de Cantabria daba luz verde el pasado noviembre a que su  personal funcionario, estatutario y laboral recuperase las 35 horas de forma paulatina. Así, a partir del 1 de mayo del presente año los empleados públicos podrán disfrutar de 36 horas semanales, que se reducirán en una a partir del 1 de mayo de 2020. También en La Rioja se abría el pasado octubre un proceso similar al de Cantabria para que la jornada de 35 horas -18 en el sector educativo- sea totalmente efectiva en 2020. Para ello, preveía una dotación de 13,1 millones de euros.

Mientras, el personal de la Administración extremeña lleva desde 2017 disfrutando de 35 horas, pero con un 'pequeño truco' para no saltarse el criterio fijado por Mariano Rajoy en 2012 . Su jornada laboral es de 37,5 horas, pero solo 35 son presenciales, ya que las 2,5 están dedicadas a formación a través de cursos online. Mientras los profesores disfrutarán ya de 18 horas semanales en el curso 2019-2020, mientras que el personal sanitario tienen una jornada presencial anual de 1.519 horas para los que trabajan de día en turno y de 1.450 horas, para los que lo hacen de noche.

Los cerca de 70.000 empleados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tienen desde principio de año la jornada de 35 horas semanales, que fue respaldada por la totalidad de la Cámara regional en diciembre de 2018. La comunidad aplicó esta jornada durante casi todo el primer semestre de 2016, pero tuvo que suspenderla por una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el entonces Gobierno de España en funciones.

El 20 de julio del año pasado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba el acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, y suscrito previamente con los sindicatos para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. En el convenio se recoge la recuperación progresiva del poder adquisitivo, el desarrollo de la carrera profesional y la definitiva implantación de la jornada de 35 horas y la recuperación de las 18 horas lectivas del personal docente. Andalucía cumple con los requisitos económicos impuestos por Rajoy el año pasado.

Desde el año 1999, el personal de la Junta de Andalucía venía disfrutando de una jornada laboral ordinaria de 35 horas, pero la Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 obligó a volver a las 37,5 horas semanales, como medida de carácter económico y de contención del gasto público. En junio de 2016, los responsables del Gobierno autonómico acordaron recuperar la menor jornada, pero el Ejecutivo de Rajoy impugnó la decisión y el Tribunal Constitucional le dio la razón a finales de 2017. 

También, según apunta Comisiones Obreras, hay un compromiso de recuperar de forma gradual las 35 horas en Aragón, mientras en Navarra está prevista una jornada anual de 1.592 horas. Por su parte, ya está en marcha esta jornada en Canarias, País Vasco e Islas Baleares, mientras en la Comunidad Valenciana están pendientes del cumplimiento del déficit, pero ya es inferior a 37,5 horas. No se ha reducido la jornada en Asturias, Cataluña, Madrid y Murcia.

En esta última comunidad, la deuda sigue aumentando y cerró 2018 con un déficit de 421 millones de euros, casi la décima parte del presupuesto anual autonómico y un 1,34% del Producto Interior Bruto regional, el mayor porcentaje de España por comunidades. La posibilidad de implantar las 35 horas para los funcionarios de esta región parece muy lejana. Las reclamaciones -incluso las movilizaciones- de los sindicatos han sido continuas y aseguran que los incumplimientos macroeconómicos no deberían penalizar a los empleados públicos.

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