Las empresas comercializadoras de electricidad tendrán que detallar en las facturas que pasen a sus consumidores la parte del recibo de la luz que se destina a retribuir el acceso a las redes de suministro de electricidad y las cargas por cuestiones regulatorias no relacionadas directamente con la producción de energía, lo que algunos denominan los 'costes políticos' del recibo por no estar relacionados en sentido estricto con los costes asociados al consumo eléctrico.
Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y publicado este sábado en el BOE que transfiere por fin a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias sobre la fijación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico tal y como exigía la Comisión Europea desde hace años, expediente sancionador incluido.
La norma introduce la obligación de que las comercializadoras eléctricas desglosen en las facturas a los consumidores la cuantía correspondiente a los peajes y cargos. El coste de los peajes o tarifas de acceso supone en torno a un 40 % de la factura de los consumidores y su finalidad es sufragar los costes del transporte y distribución que permiten que la electricidad llegue a los consumidores finales y asegurar la viabilidad del sistema, incluso en épocas de bajo consumo.
En la actualidad, su impacto se distribuye por toda la factura, tanto en el término fijo (potencia) como en el variable (consumo), y normalmente, a no ser que se tenga contratada la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) -en que se desglosa-, su coste se diluye en el precio total del kilovatio (Kw) de potencia contratada y del kilovatio hora (KWh) de consumo, informa Efe.
Los cargos son los pagos relacionados con otros aspectos regulados del sistema y contribuyen a sufragar, entre otros, el régimen retributivo de la generación con fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; la retribución a la producción en los sistemas no peninsulares y las anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico. Aspectos, todos ellos, derivados de decisiones políticas de la Administración, pero cuya financiación se carga sobre los consumidores finales, según un esquema muy criticado pero asentado en el sistema.
Nuevas atribuciones para la Comisión de Competencia
El Real Decreto concreta la devolución a la CNMC las competencias sobre la fijación de los peajes de acceso a la redes de transporte y distribución de gas y electricidad, que le fueron retiradas en 2014 por el anterior Ejecutivo y, desde entonces, el Gobierno fijaba las tarifas y la CNMC validaba la metodología.
Con el nuevo reparto de competencias, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido evitar una posible sanción si la Comisión Europea (CE), que emitió en 2016 un dictamen en el que concluía que España no había traspuesto bien las directivas sobre normas para el mercado interior de la electricidad y el gas, presentaba contra el país un recurso de incumplimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE).
La CNMC asume sus nuevas competencias desde mañana, en que entra en vigor el Real Decreto publicado este sábado en el BOE, y deberá presentar antes de que acabe este año su propuesta de peajes para 2020, ya que los que se van a aplicar en 2019, período para el que se mantienen congelados por quinto año consecutivo, están ya aprobados por el Gobierno
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