Las diputaciones sólo cubren por sí mismas el 20% de sus gastos

Las diputaciones se han encontrado, de pronto, en medio del escenario. Desde el PSOE se pide su reforma para ahorrar 1.000 de los 6.000 millones que cuestan al año. Y lo cierto es que se trata de unas administraciones que cuestan muy caro a las arcas públicas: sólo son capaces de cubrir con sus recursos poco más del 20% de lo que necesitan para sobrevivir.

Son unas mantenidas. Las diputaciones provinciales de Régimen Común (las forales vascas son otra historia muy distinta, ya que recaudan ellas mismas los impuestos estatales) serían inviables sin una intensa aportación del resto de las administraciones. A día de hoy, justo cuando se ha abierto el debate sobre su utilidad, estos organismos sólo son capaces de cubrir el 21,7% de sus gastos con recursos propios.

¿Una aberración? En una medida u otra, casi todos los gobiernos por debajo del estatal necesitan aportación extra para sobrevivir. Por lo general, el Gobierno central reparte los tributos nacionales en función de múltiples variables. De este modo, los ayuntamientos, que recaudan incluso sus propios impuestos, no llegan ni a ingresar por sí mismos ni la mitad de lo que necesitan.

Aunque claro, esa cifra se antoja todo un alarde de independencia cuando se enfrenta al 78% de financiación ajena que requieren las diputaciones. En total, las 38 diputaciones normales (una por cada provincia en aquellas autonomías con más de una) ingresaron cerca de 6.800 millones de euros en el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2009 (costaron aproximadamente lo mismo).

Según los datos del informe que realiza anualmente el Ministerio de Economía, estos órganos significan el 8,3% del total del gasto de la Administración Local en España. La caja de los truenos destapada por el candidato socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, sólo les afecta a ellas, puesto que las forales, los cabildos y los consejos han sido calificados de necesarios (pese a que los entes insulares arrastren cifras similares a las de las diputaciones).

El que fuera vicepresidente primero hasta hace muy poco tiempo cree que se podrían ahorran unos 1.000 de esos 6.700 millones que le suponen a las arcas públicas estas administraciones intermedias. Rubalcaba quiere eliminar la representación política que suponen los más de 1.000 diputados, ade más de los asesores, gastos de protocolo, publicidad, prensa...

Porque otra cosa son las funciones que sí desempeñan las diputaciones pese a todo. Desde luego, la eliminación de políticos y personal de confianza incidirá escasamente sobre el gasto de personal, que al cierre de 2010 era del 30,2% del volumen global en las 38 diputaciones.

En el último decenio, la incidencia de esta partida de gasto ha crecido en cuatro puntos porcentuales, los mismos que el conjunto de todos los ayuntamientos. Al mismo tiempo, el esfuerzo inversor de las diputaciones ha experimentado el camino opuesto: del 21,15% de los presupuestos en 2002 al 18% en 2010.

Luego está el dinero que necesitan las diputaciones sólo para vivir al día (descontando las inversiones, por ejemplo). Es el gasto de personal más el de bienes y servicios (que incluye desde la factura de la luz a los alquileres o el material de oficina). A principios de milenio, la suma de los capítulos 1 y 2 del gasto representaban el 38,7% del presupuesto total; en el último ejercicio del que hay datos el porcentaje iba ya por el 45,8%.

En ese mismo periodo entre 2002 y 2010, el número de funcionarios en las diputaciones se ha incrementado en un 9,12%, hasta los 76.000, una cifra más o menos comprensible y acorde con el incremento de la población (aquí se recoge también la plantilla de forales, consejos y cabildos). Más a su favor: en los últimos años ha habido ya un importante recorte en los empleados en estos organismos, habida cuenta de que en 2008 eran más de 82.000.  

Con todo, lo normal es que las diputaciones salgan muy mal paradas de cualquier estadística. También con fecha de 31 de diciembre de 2010, la deuda de todos estos entes era de 6.300 millones de euros. Bien es cierto que las vascas y canarias son de las más responsables de los números rojos, pero eso no quita que en la suma conjunta el debe se haya incrementado en más de un 9%.

Menos autonomía, más deuda, más funcionarios, más gastos para el Estado... Cualquiera de estos parámetros es más sangrante si cabe en ayuntamientos que en diputaciones (excepto en la independencia de los ingresos).

Por poner dos ejemplos, el gasto de personal más el de bienes y servicios es del 75% en los entes locales y las inversiones se han recortado del 29% al 19% en la década. ¿De verdad sólo hay que retocar a las diputaciones?

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