El Gobierno español respiraba este viernes ante el desbloqueo de Bruselas del paquete de 10.000 millones de euros de ayudas de la UE correspondientes al cumplimiento de los primeros 52 hitos marcados en el plan de reformas español, muy centrados en la reforma laboral, y en los que Nadia Calviño y su equipo han centrado todos sus esfuerzos en los últimos meses. Pero las miras de los responsables del Ministerio de Economía van a cerrar el año más preocupados por lo que venga que por este primer paquete, a la vista de que la Comisión ya ha advertido que para que lleguen a tiempo los 12.000 millones correspondientes al primer semestre del año que viene, habrá que presentar en Bruselas algo más firme que la reforma de pensiones que, por el momento, se contempla en el contrato de implementación del plan de recuperación.
Fuentes empresariales consultadas en Bruselas aseguran que los técnicos del gabinete de Úrsula von der Leyen han dejado caer en el entorno del Ejecutivo español que el planteamiento sobre la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura es el mismo (idéntico) en el documento del paquete de reformas que se envió en el mes de julio y en el ‘operational agreement’ del pasado mes de noviembre, sin grandes avances ni compromisos adicionales sobre la ampliación de la edad de jubilación o del número de años para el cálculo de la pensión, tal y como se les había requerido. El ‘toque’ de Bruselas mantiene todas las alarmas encendidas en Economía, cuyos responsables son los que tienen que negociar en la capital belga a mediados de enero el segundo paquete, con una propuesta sobre pensiones que vaya más allá de lo que hasta ahora ha puesto sobre la mesa el ministro Escrivá. De ello depende casi la mitad de los 26.900 millones de euros que se pretenden obtener del Fondo UE en 2022.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el titular de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, con una subida de 0,6 puntos en las aportaciones a la Seguridad Social durante diez años, tampoco ha aportado una gran carga de certidumbre en Bruselas sobre un proceso que, a su entender, va más allá de una operación de recaudación con una década por delante, pendiente de la evolución económica y que puede salir, o no. Fuentes comunitarias conocedoras de la negociación en marcha aseguran que lo que la Comisión quiere ver en la reforma española es un plan a medio y largo plazo que evite el desequilibrio que el sistema lleva arrastrando más de diez años y que se enfrenta ahora a uno de sus momentos más complicados con la generación más numerosa de su historia a punto de jubilarse.
Las cábalas del ministro
Escrivá se adelantaba la semana pasada para anunciar que el déficit de la Seguridad Social había mejorado sobre lo previsto este año, para quedarse en 1,1 puntos del PIB, en lugar del 1,5% previsto, gracias al aumento de las cotizaciones y a los menores costes de la pandemia, pero aún así es una cantidad preocupante a los ojos de la UE, que esperan un documento más amplio sobre pensiones en apenas un mes. Los técnicos del Ministerio de la Seguridad Social lo están preparando, para que los próximos encuentros del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, puedan poner más certezas sobre la mesa ante Celine Gauer, la responsable europea de los fondos y mano derecha de Von der Leyen.
Lo que el equipo de Gauer quiere ver no es tanto un cálculo a diez años de una recaudación incierta y que no cuenta (de nuevo) con el apoyo de los empresarios, como un reconocimiento oficial de que España va a ampliar, al menos, los años de cálculo para las pensiones, de los 25 actuales a 35, una opción que siempre ha manejado Escrivá pero que supone un recorte de las prestaciones superior al 6%. Frente a ello y ante la opinión pública, desde el Ministerio se desecha la idea de que las pensiones vayan a bajar, siempre y cuando se cumplan los cálculos del MEI que han estimado sobre el papel: algo más de 20.000 millones de ingresos adicionales hasta 2032, que se pretenden convertir en 42.000 una vez invertidos (una rentabilidad media anual de entre el 5% y el 7%).
A esa cuenta se le añade el recorte de los gastos impropios y una supuesta mejora del empleo y la economía para justificar que se puede aguantar el incremento de gastos que supone la jubilación de los ‘baby boomers’. Pero sobre la ampliación del periodo de cálculo, que fue uno de los primeros globos sonda lanzados, se advierte ahora que solo se haría como opción para que la gente elija los años que quiere cotizar o los cálculos en los que no pierda prestación por haber tenido una vida laboral con muchos altibajos.
El varapalo de Hernández de Cos
Entre las instituciones europeas tampoco han caído bien las dudas que se han vertido en España sobre el plan de reforma de las pensiones de Escrivá. Una de las claves de cálculo se centra en si el nuevo planteamiento sirve para compensar la eliminación del factor de sostenibilidad de la anterior reforma del PP, que ahora se sustituye con el MEI, y las cifras no salen, como ya ha alertado hasta el Banco de España. Fuentes consultadas en el acervo comunitario aseguran que las recientes declaraciones del gobernador de la entidad, Hernández de Cos, en el Senado, en las que alertaba de que las cuentas de Escrivá no están del todo claras, no ayudan a que los encuentros que Economía debe tener con la Comisión para desbloquear el primer pago de fondos vaya a tener buen resultado.
Hasta la OCDE ha advertido a Escrivá que su planteamiento no es todavía el idóneo. En la ecuación está además el prestigio y la consideración personal que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, tiene en las instituciones comunitarias, un bagaje del que ha tirado para que llegara adelantado el pago de diciembre de 2021, vinculado a la reforma laboral, y que seguro que tendrá que volver a poner sobre la mesa a no ser que tenga un informe de Escrivá que solvente todas las incógnitas que aún quedan sobre su reforma de pensiones. El año 2021 se va a saldar con un total e 21.000 millones en ayudas europeas recibidos, 6.000 menos de los previstos y anunciados por Sánchez y que se han salvado en diciembre. La clave está en empezar 2022 sin grandes obstáculos para que recibir los primeros 12.000 millones.
