Madrid, 8 jul.- Las empresas comercializadoras de energía eléctrica deberán desglosar en la factura del consumidor los diferentes costes y disponer de un servicio gratuito de atención telefónica, según el anteproyecto de ley del Sector Eléctrico que el Consejo de Ministros ha remitido hoy a las Cortes.
Las compañías tendrán tres meses para contar con esos servicios de atención al cliente, incluido uno de reclamaciones con dirección postal, y podrán enfrentarse a multas de hasta el 10 % de su volumen neto de negocio si incumplen las nuevas normas, entre las que también está cumplir con los plazos en los cambios de compañía.
El anteproyecto del ley también adapta el concepto comunitario de "consumidor vulnerable" para asimilarlo al "bono social" existente en España.
El bono social, con tres millones de clientes acogidos, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el anteproyecto incorpora las directivas europeas e incluye normas para favorecer la competencia.
La nueva norma será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate a partir del mes de septiembre y su posterior convalidación con rango de ley.
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