Las eléctricas y el INE comprobarán los hogares acogidos al bono social

Madrid, 19 sep.- Las comercializadoras de electricidad deberán remitir al Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos de los beneficiarios del bono social para que éste acredite que el descuento se aplica sólo en sus residencias habituales y, por tanto, tienen derecho a él.

En el borrador de orden ministerial que congela los peajes de acceso para el cuarto trimestre del año, la disposición adicional primera establece que las compañías tendrán que remitir al INE, por medios telemáticos o en soporte electrónico, la relación de beneficiarios del bono social, que les cuesta unos 15 millones de euros al mes y permite a los usuarios ahorros del 20 %.

Por su parte, el INE tendrá que acreditar que el punto de suministro se corresponde o no con la vivienda habitual de la persona beneficiaria.

El bono social entró en vigor en julio de 2009 y supuso la congelación de la factura eléctrica a precios de enero de ese año.

Inicialmente estaba previsto que se aplicara durante dos años, pero el Gobierno ha prorrogado su vigencia hasta finales de 2013.

Tienen derecho al bono social las primeras residencias con potencias instaladas iguales o inferiores a los 3 kilovatios, así como los pensionistas de más de 60 años que cobren pensiones mínimas, las familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en situación de desempleo.

Mientras al primer grupo se le aplica de forma automática, el resto de potenciales beneficiarios deben solicitarlo a su comercializadora eléctrica.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en febrero se beneficiaban de esta ayuda unos 2,84 millones de consumidores, de los que el 83 % tenían una potencia contratada inferior a los 3 kW, el 11 % era pensionista, el 4 % correspondía a familias numerosas y el 1 % a desempleados.

Los consumidores acogidos al bono social pagaron ese mes por su consumo eléctrico en torno a un 20 % menos que los usuarios acogidos a la tarifa de último recurso, un descuento superior en 1,1 puntos al registrado en enero y 11,3 puntos mayor al de febrero de 2010.

El coste del bono social financiado por las empresas generadoras ascendió en febrero a 15 millones de euros, el 166 % más que un año antes (5,6 millones).