"Tengo una pensión de miseria para lo que he pagado. Y encima me la quieren bajar". Quién no ha escuchado esta frase? Un clásico cada vez que el tema de las pensiones se saca en una conversación informal y un argumento cada vez más habitual en el relato político estándar: las pensiones son insuficientes y hay que hacer lo posible por elevarlas.
El instituto de análisis económico Fedea, cuya opinión sobre el sistema de pensiones es singularmente relevante pues es el 'think tank' de cabecera de los organismos internacionales y de la Comisión Europea a la hora de formarse una opinión sobre el sistema público español de protección social, ha valorado que en España hay una distancia considerable entre la visión mayoritaria de la sociedad sobre el asunto y la realidad y ha decidido poner sobre la mesa una serie de datos para rebatirla.
La primera conclusión es que el sistema mantiene determinados privilegios para algunos colectivos que desequilibran la estabilidad financiera del sistema. El dato: la mitad del déficit de las pensiones (unos 9.000 millones de euros) se explica por la cobertura especial que reciben una serie de colectivos con regímenes especiales que aportan mucho menos de lo que cobran: mineros, trabajadores del mar y agricultores.
Fedea mete también en ese grupo a los autónomos a los que el proyecto de Presupuestos para 2019 garantiza una base mínima de cotización más baja que a los trabajadores por cuenta ajena lo que generará un foco extra de desequilibrio para el sistema.
Y el sistema no goza de buena salud precisamente desde el punto de vista financiero. En 2018 ese desequilibrio será de 19.000 millones de euros y las soluciones a este agujero no están claras. Resolverlo vía empleo exigiría que trabajarán 3,6 millones de españoles más, es decir, llegar al pleno empleo (España tiene hoy un 15% de paro); hacerlo subiendo las bases de cotización exigiría una subida media del 17% -el Gobierno acaba de aprobar una subida del 7% de las bases máximas, algo sin precedentes-; y si se quiere hacer subiendo las cotizaciones de empresas y trabajadores habría que subir cinco puntos las cuotas sociales, que ya son de las más altas de la OCDE.
La Autoridad Fiscal abogó por traspasar esa carga al Estado. Según Fedea, si se quisiera financiar de ese modo habría que subir de media un 23% el IRPF, es decir, que todos los españoles pagarán una cuarta parte más de lo que lo hacen ahora por su renta, con los efectos que eso tendría sobre el consumo. El informe de Fedea niega que las pensiones españolas sean bajas. Asegura que cotizando básicamente lo mismo que en 1975 el sistema da para pagar seis años más de pensiones.
También que las aportaciones que realizan los trabajadores dan para sufragar 16 años de pensión con las cuantías actuales, cuando la esperanza de vida media es de 21 años desde la edad legal de jubilación. Vamos, que tras una sencilla resta hay cinco años que o se sufragan con impuestos o con deuda... con los riesgos que ello conlleva.
Una conclusión. Los expertos de Fedea se preguntan si es sostenible un sistema en esas condiciones con unas prestaciones revalorizándose con el IPC. Los analistas del instituto auguran que no, pero que eso se puede resolver si la cuantía de las pensiones convergen con las de los sistemas más generosos de Europa... porque según parece están por encima.
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