Las seis cifras que alimentan el desencanto de los catalanes

Entre 600.000 personas y un millón y medio, según se escoja el cálculo de la Delegación del Gobierno o el realizado por el Ayuntamiento de Barcelona (gobernado por CiU), salieron el pasado martes a las calles de la ciudad condal para reivindicar la independencia de Cataluña, coincidiendo con la Diada, la festividad nacional de Cataluña.

Siguiendo esas aproximaciones 'oficiales', la cifra real de manifestantes bien podría haber coincidido con la de 821.600 personas, exactamente el número de catalanes que se encontraban en paro a la finalización del primer semestre del año según la Encuesta de Población Activa. Hubiera sido la metáfora perfecta para definir la situación de un territorio que hace apenas un lustro rondaba el pleno empleo y creía haber encontrado en el nuevo Estatut de Autonomía la solución a sus reivindicaciones económicas históricas, y que hoy se ve obligado a pedir dinero al Estado para pagar las nóminas y es incapaz de proporcionar un empleo a uno de cada cinco catalanes.

Al calor de este deterioro de la situación economica se ha ido cocinando un desencanto social cuyos efectos son fácilmente apreciables en la demoscopia. Según el histórico de las oleadas realizadas por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el respaldo social de los catalanes a la independencia ha pasado del 17,3% registrado en diciembre de 2007, cuando la crisis era apenas una amenaza y se acababa de aprobar el nuevo Estatut, al 34%, en la última oleada realizada este año.

En el mismo periodo, la suma de los que respaldarían una vía que implicara más autogobierno, sea ésta la independencia o la constitución como estado federal, ha pasado de poco más de la mitad a dos terceras partes de la población, al tiempo que la comodidad con la estructura autonómica actual perdía adeptos, desde el 43% a menos de un tercio de los catalanes.

Éstas son las cifras que explican el desencanto catalán:

1. 42.000 millones de euros de deuda. Cataluña es hoy, según los datos del Banco de España, la comunidad autónoma más endeudada de España tanto por volumen como en relación a su PIB (21%). Si se socializara el gasto derivado de las cuentas pendientes de su territorio, cada catalán debería poner 5.600 euros de su bolsillo para hacer frente a una factura que se ha duplicado en los últimos cuatros años.

El recurso masivo al endeudamiento de la Administración catalana a partir de 2008 ha disparado los gastos financieros, que sólo en 2011 se incrementaron en un 60% hasta alcanzar los 1.500 millones de euros. Este año vuelve a presentar incrementos de dos dígitos.

Las autoridades catalanes atribuyen este alto endeudamiento a la insuficiencia del sistema de financiación autonómica y a la falta de inversiones del Estado en la comunidad autónoma.

2. Déficit público del 3,29%. El año pasado, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la Administración catalana fue de 6.687 millones de euros, equivalentes al 3,29%. La desviación presupuestaria casi triplicó el objetivo fijado por el Gobierno en el programa de estabilidad (1,3% para todas y cada una de las comunidades autónomas) e incluso superó holgadamente el objetivo alternativo que se había fijado la Generalitat a mitad de año: 2,66% del PIB.

La Generalitat atribuyó la desviación de 1.300 millones de euros respecto a su propio objetivo de déficit del 2,66% al Estado por negar a Cataluña el pago de los 1.450 millones que, entendía el Gobierno catalán, le correspondían en concepto del Fondo de Competitividad previsto en el nuevo sistema de financiación autonómica.

3. Un déficit fiscal estructural de 16.000 millones de euros. La Generalitat y un porcentaje no pequeño del mundo académico entienden que el sistema de redistribución de la riqueza en España genera a Cataluña un desequilibrio fiscal anual del 8% del PIB, entendido como la diferencia entre lo que Cataluña aporta al conjunto de España y lo que recibe en forma de inversiones del Estado. Es la famosa balanza fiscal de Cataluña.

El último informe encargado por la Generalitat concluye que en el año 2009 el Estado recaudó en Cataluña 61.812 millones de euros, de los que únicamente revirtieron en el territorio 45.403 millones, generándose un desequilibrio fiscal de 16.434 millones de euros, nada menos que un 8,4% del PIB catalán.

El asunto es polémico porque esa cifra varía sensiblemente en función de la metodología utilizada. Los informes encargados por la Generalitat se basa en el criterio de flujo monetario, que imputa el gasto estatal en el lugar que se materializa y, por tanto, mide el efecto de la acción directa del Estado en un territorio. Bajo este prisma, si en un ejercicio se construyera una vía de AVE entre Madrid y Barcelona, el cálculo del beneficio obtenido se limitaría a la inversión ejecutada en cada uno de los territorios por los que pase la vía.

Muchos académicos entienden que el criterio más equilibrado sería el de coste-beneficio, que imputa el gasto según los beneficios obtenidos por cada territorio no por el gasto realizado en el mismo. Continuando con el ejemplo anterior, si se siguiera esta metodología, el gasto realizado se imputaría sobre los territorios más beneficiados por la construcción de la infraestructura, de modo que si la vía no tuviera parada alguna entre Madrid y Barcelona el beneficio de la inversión se repartiría mayoritariamente entre Madrid y Cataluña, por mucho que durante la construcción se haya invertido dinero en otras regiones, ya que éstas no se beneficiarían de la utilización del servicio.

El Ministerio de Economía realizó en 2008 un informe de balanzas fiscales siguiendo ambas metodologías sobre datos de 2005 y concluyó que el desequilibrio para Cataluña rondaría el 9% con el criterio de flujo monetario y se reduciría al 6,5% con el de coste-beneficio.

En cualquier caso, este desequilibrio es esencial para explicar la reivindicación de Cataluña de unPacto Fiscal. La Generalitat desea disponer de todos los ingresos que genera y, a partir de ahí, entregar una cantidad o cupo anual al Estado español en concepto de contribución a la solidaridad interterritorial. Lógicamente ese cupo sería muy inferior a esos 16.000 millones de euros, que, según la Generalitat, hacen el viaje de ida a Madrid pero no el de vuelta.

3. Déficit de 2.200 millones por el incumplimiento del Estatut. Esta cifra es, quizá, la más flagrante. Cuando el tripartito negoció la reforma del Estatut de Catalunya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero arrancó una cláusula que, supuestamente, blindaba durante siete años las inversiones que recibiría Cataluña del Estado para que se correspondieran con el peso de la comunidad autónoma en la economía española, del 18%.

Para subrayar la obligación estatal se incluyó en el texto del Estatut la controvertida Disposición Adicional Tercera, que obligaba al Gobierno a compensar a la Generalitat si durante un ejercicio concreto no se cumplía ese volumen inversor con una entrega a cuenta por el mismo valor de la inversión no ejecutada.

Desde entonces, esa cláusula se ha incumplido sistemáticamente. En sus dos primeros años de vigencia, 2006 y 2007, se generó una minusvalía de 1.386 millones; el Ejecutivo central tampoco abonó a Cataluña los 759 millones que se dejaron de invertir en 2008, ni los 219 millones generados en 2009. En total, 2.200 millones de euros.

5. 1.986 millones por la financiación autonómica. La negocaciación de nuevo sistema de financiación autonómica con Cataluña fue uno de los pulsos políticos más intensos que se recuerdan. Le costó el puesto a Pedro Solbes y se resolvió con un complejo entramado, que, según los portavoces del tripartito, aportaría entre 2.500 y 3.500 millones de euros más a Cataluña, respecto al modelo anterior.

La publicación de los datos de liquidación del primer ejercicio del modelo, el correspondiente a 2009, demostraron, por el contrario, que Cataluña sólo obtuvo 1.986 millones de euros más.

El nuevo modelo sí sirvió para situar a Cataluña por encima de la media según la financiación recibida por habitante, una de las principales reivindicaciones de Cataluña en aquel momento, pero el desplome de los ingresos impositivos por la crisis ha desactivado buena parte de las ventajas que podría haber obtenido Cataluña y tanto el nuevo Gobierno de la Generalitat como los partidos que negociaron el modelo en su momento lo han dado por amortizado por insuficiente.

6. 821.600 catalanes en el paro. Según la última Encuesta de Población Activa, en los últimos doce meses 130.700 catalanes se han quedado en paro, elevando la cifra total de desempleados a 821.600. El mercado laboral catalán ha pasado de una situación cercana al pleno empleo (6,67% de tasa de paro en el último trimestre de 2007) a no poder dar un trabajo a uno de cada cinco catalanes que quieren trabajar (21,95%).

La tasa de paro de los menores de 25 años ha pasado del 12,89% al 51,59%, y en esta franja de edad son 156.400 las personas sin empleo. Cifras que, indudablemente, alientan el descontento.