Las plataformas de reparto no serán las únicas sometidas a la regulación que, desde la entrada en vigor del real decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, se aplicará al colectivo de los conocidos como 'riders'. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en rueda de prensa su intención de abordar la utilización de los denominados 'algoritmos' en el conjunto de las relaciones laborales en España. Es un plan a medio-largo plazo, que se llevará a cabo bajo la asesoría de un comité de expertos externo y en connivencia con los agentes sociales, con el que se pretende erradicar algunas de las fórmulas de precariedad más extendidas en la nueva economía digital.
Lo que ha hecho el Consejo de Ministros este martes es, básicamente, llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia del Tribunal Supremo, que en septiembre de 2020 estableció que los riders son asalariados y no trabajadores autónomos. Recortadas las aspiraciones iniciales del Ministerio de Trabajo, que pretendía abordar una regulación más amplia del conjunto de plataformas pero fue frenado tanto por el Ministerio de Asuntos Económicos como por la patronal, finalmente la norma se ha quedado "corta", según denuncian los sindicatos. Por eso, la vicepresidenta Díaz ha querido dejar claro que la regulación que se acaba de aprobar se extenderá a otros sectores del ámbito de las plataformas digitales.
Se hará a través de un comité de expertos, que asesorará al Gobierno y "estudiará en profundidad el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales de nuestro país", ha anunciado Díaz. En paralelo, el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos compondrán una comisión tripartita que estudiará el desempeño de las plataformas digitales en el ámbito laboral, en todos los sectores y aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, en particular en lo relativo a la definición de la dependencia o autonomía dentro de estas nuevas formas de prestación de servicios de la economía digital.
Pero eso se hará más adelante. De momento, lo que ha aprobado el Gobierno es una norma que reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital. También contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. Esto último sí afectaría a todas las empresas.
Entra en vigor en agosto
Ahora bien, la norma no entrará en vigor hasta pasados tres meses de su publicación en el BOE, es decir, hasta mediados del mes de agosto. Este margen que se da a las plataformas de reparto se suma al que ya concedió el Ministerio de Trabajo, a petición de la CEOE, hace dos meses, cuando se alcanzó un acuerdo en la mesa de diálogo social. No obstante, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz sostienen que el retraso en la aprobación del real decreto en Consejo de Ministros se debe exclusivamente a los trámites legislativos y burocráticos habituales.
La vicepresidenta Díaz ha destacado que la nueva regulación "protege a los más vulnerables", especialmente a los jóvenes, y sitúa a España en la vanguardia, porque "ningún país" ha legislado sobre esta materia. "Somos pioneros y me consta que Europa nos está mirando", ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y ha sentenciado, como suele apuntar, que "un joven en una bicicleta con una app no es un emprendedor".
Sin embargo, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) que engloba a las principales plataformas de 'food delivery' en España, como son Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, han lamentado la aprobación por la vía de urgencia y sin debate parlamentario "de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, los propios repartidores".
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